La decisión de los cancilleres del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de sustituir el consenso por la mayoría en la elección del secretario general marca un giro en la arquitectura institucional del bloque y revela el desgaste acumulado tras años de bloqueo político atribuido a Nicaragua.

La reforma, adoptada para superar el impasse que impedía nombrar a un nuevo titular del organismo, refleja —según analistas consultados— una respuesta directa a la estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar el veto implícito del consenso como herramienta de control. La dictadura ha sufrido una profunda derrota regional que ha tenido que tragarse.

El cambio, sin embargo, abre un debate más amplio sobre el futuro del proceso de integración regional, sus tensiones internas y la influencia de actores externos.

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Un veto que paralizó al sistema

El politólogo y académico nicaragüense en el exilio Félix Maradiaga sostiene que la reciente carta enviada por Managua a los países del SICA no constituye un gesto diplomático ordinario, sino una señal de repliegue.

“No debe verse como una simple nota de reclamo, sino como una admisión indirecta de derrota táctica”, afirma.

A su juicio, el cambio de tono del régimen —de una retórica confrontativa a un lenguaje más moderado— evidencia la pérdida de su capacidad de bloqueo dentro del sistema.

Durante años, agrega, Ortega y Murillo intentaron convertir al SICA en una plataforma de influencia política, promoviendo la colocación de aliados y empujando una agenda alineada con potencias como China y Rusia, observa Maradiaga.

“El objetivo ha sido capturar espacios institucionales para manipular el sistema desde dentro”, señala.

En ese contexto, Maradiaga considera que la reforma que elimina el consenso como requisito indispensable responde directamente a esa dinámica.

“Los países ya no están dispuestos a permitir que un solo Estado secuestre la institucionalidad regional”, sostiene.