Un tribunal boliviano suspendió este lunes el inicio del juicio contra el expresidente Evo Morales, acusado de presunta trata de una menor, luego de que el exmandatario no se presentara a la audiencia. Ante su inasistencia, la Justicia renovó la orden de captura en su contra, informó el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años, de la que nació una hija durante su mandato presidencial. De acuerdo con el expediente, los padres de la menor habrían autorizado la relación a cambio de beneficios, lo que sustenta la acusación penal.

El fiscal del caso, Luis Gutiérrez, explicó en conferencia de prensa que el proceso queda paralizado hasta que el acusado comparezca voluntariamente o sea puesto a disposición por la fuerza pública, una medida que también se aplica a la madre de la presunta víctima, igualmente imputada.

La autoridad judicial ya había declarado a Morales en rebeldía en enero de 2025, tras no asistir a una audiencia en la que se evaluaba su detención preventiva. Esta condición legal impide que el juicio avance mientras el acusado no se presente ante el tribunal.

Desde el Ministerio Público se indicó que, ante la reiterada ausencia del exgobernante, se ratificaron las órdenes de arresto y la prohibición de salida del país, y que ahora corresponde a la Policía Nacional ejecutar la captura.

Morales permanece desde hace meses en la región del Chapare, su principal bastión político, donde cuenta con el respaldo de organizaciones campesinas que mantienen vigilias para impedir una intervención policial. La orden de detención por este caso está vigente desde octubre de 2024.

Por su parte, Wilfredo Chávez, abogado defensor del exmandatario, sostuvo que ni su cliente ni su equipo legal asistieron a la audiencia porque, según afirmó, no fueron notificados de manera adecuada. Argumentó que el juzgado recurrió a una citación mediante edicto, en lugar de hacerlo en el domicilio del acusado.

La defensa rechaza las acusaciones y asegura que Morales es víctima de una persecución judicial impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, de tendencia centroderechista. El propio exmandatario reiteró recientemente en la red social X que no busca evadir la justicia, pero exigió que las acusaciones sean sustentadas con pruebas legales y que el proceso se desarrolle con imparcialidad e independencia política.