El Congreso Nacional de Honduras aprobó una serie de reformas al Código Penal orientadas a fortalecer la lucha contra la extorsión, el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en el país.

Entre las medidas más relevantes figura la clasificación de las maras y pandillas como asociaciones terroristas y el fortalecimiento del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Las reformas, respaldadas por unanimidad por los diputados, contemplan cambios en materia penal, penitenciaria y de inteligencia, además de nuevas disposiciones para empresas de telecomunicaciones y mecanismos de investigación criminal.

Endurecen castigos por extorsiónUno de los artículos reformados corresponde al delito de extorsión, que ahora tendrá sanciones más severas.

La nueva normativa establece condenas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes obliguen a otra persona, mediante amenazas o intimidación, a entregar dinero, bienes o realizar acciones contra su voluntad.

Además, el Congreso determinó que, si la víctima fallece como consecuencia de este delito, los responsables podrán enfrentar prisión perpetua.

La reforma también amplía la responsabilidad penal hacia personas que colaboren indirectamente con las redes criminales, incluyendo quienes recolecten dinero, faciliten cuentas bancarias o participen en transferencias relacionadas con cobros extorsivos.

Otro cambio importante es que el delito será considerado consumado aun cuando el pago exigido no llegue a concretarse, eliminando además la posibilidad de recurrir a procedimientos abreviados en este tipo de casos.

Maras y pandillas serán tratadas como estructuras terroristasEl paquete legislativo también modifica el artículo relacionado con asociación terrorista.

A partir de ahora, las maras, pandillas y organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico podrán ser procesadas bajo esta figura cuando ejerzan control territorial, violencia sistemática o intimidación colectiva.

Las nuevas disposiciones establecen penas de entre 15 y 20 años de cárcel para dirigentes, promotores y financistas de estas estructuras, mientras que los integrantes enfrentarían condenas de 10 a 15 años.Sanciones por uso ilegal de uniformes oficiales

Otra de las reformas aprobadas endurece las penas para quienes utilicen de manera ilegal uniformes, insignias o equipos similares a los empleados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La normativa contempla castigos de entre cuatro y seis años de prisión por la posesión no autorizada de este tipo de indumentaria.

Si dichos elementos son utilizados para facilitar delitos o encubrir acciones criminales, la pena podría aumentar hasta diez años.Nueva agencia y mayor presencia militar.

Dentro del paquete de reformas también se autorizó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una entidad enfocada en coordinar labores de inteligencia e investigación criminal.

Asimismo, se aprobó mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Secretaría de Seguridad mediante la participación de la Policía Militar del Orden Público en operativos de seguridad ciudadana y patrullajes en barrios y colonias.

Contexto de las reformas

Las medidas surgen en medio de la persistencia de delitos como la extorsión y el control territorial ejercido por estructuras criminales en distintas zonas de Honduras.

En los últimos años, empresarios, transportistas y pequeños comerciantes han denunciado constantes amenazas y cobros ilegales por parte de grupos delictivos.

El gobierno y el Congreso sostienen que las reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales; sin embargo, sectores defensores de derechos humanos y analistas suelen advertir que la ampliación de funciones militares en seguridad pública genera debate sobre el equilibrio entre combate al crimen y garantías constitucionales.