La muerte del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera Bryan, bajo custodia carcelaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desató este domingo una ola de condenas nacionales e internacionales mientras la dictadura se condolía del destino del ex preso político.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, opositores y activistas acusaron a la dictadura sandinista de haber llevado al histórico dirigente hasta un estado de deterioro extremo tras casi tres años de encarcelamiento, aislamiento y desaparición forzada.

La noticia se divulgó por medios independientes horas antes de que el régimen admitiera oficialmente el fallecimiento de Rivera mediante una nota de prensa del Ministerio de Salud.

Según la información, el líder indígena murió ayer 30 de mayo por la noche, cuando las familias de Nicaragua celebraban el Día de las Madres.

La dictadura atribuyó su muerte al deterioro físico y neurológico provocado por una bacteria que, según la versión oficial, se desarrolló como consecuencia de una infección por covid-19.

La explicación oficial no logró contener la indignación de familiares, dirigentes indígenas, organismos internacionales y antiguos presos políticos, quienes denunciaron que Rivera murió bajo responsabilidad directa del Estado nicaragüense.

Una muerte anunciada

La muerte de Rivera ocurrió apenas días después de que las autoridades lo mostraran públicamente por primera vez desde su captura y desaparición en septiembre de 2023.

Las imágenes difundidas por el régimen mostraban al dirigente indígena de 73 años moribundo, conectado a ventilación mecánica y postrado en una cama del Hospital Fernando Vélez Paiz de Managua.

La aparición confirmó los temores expresados durante meses por familiares y organismos internacionales sobre el grave deterioro de su salud.

La hija del dirigente, Tininiska Rivera, había denunciado reiteradamente que su padre no padecía enfermedades graves antes de su captura y acusó al régimen de ocultar información sobre su condición médica.

Durante más de dos años y ocho meses, las autoridades mantuvieron al fundador de YATAMA en condiciones que organizaciones de derechos humanos calificaron como desaparición forzada.

Condena internacional

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas, afirmó que Rivera nunca debió haber sido encarcelado.

“La noticia sobre la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera es devastadora. Brooklyn murió bajo custodia de un Estado represor que nunca debió detenerle”, expresó.

La defensora recordó que Rivera fue encarcelado después de denunciar ante organismos internacionales las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas de la Costa Caribe.

Guevara exigió una investigación internacional e independiente sobre las circunstancias de la muerte y reclamó la liberación de todas las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua.

“La Mosquitia está de luto”

La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia también responsabilizó al régimen por el sufrimiento padecido por el dirigente durante sus últimos años de vida.

“Ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn Rivera Bryan”, expresó la organización en un comunicado.

El grupo recordó que Rivera dedicó décadas a la defensa de los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense.

“La Mosquitia está de luto. Su lucha, su voz y su legado permanecerán vivos”, añadió el pronunciamiento.

Acusaciones de crimen de Estado

Las críticas más severas provinieron de antiguos presos políticos y dirigentes opositores.

La exguerrillera y ex presa política Dora María Téllez afirmó que el régimen debe entregar el cuerpo a la familia y permitir una autopsia independiente para esclarecer las causas reales de la muerte.

Además, exigió garantías para que la hija de Rivera pueda ingresar al país y participar en las honras fúnebres sin sufrir represalias.

Por su parte, el periodista Miguel Mendoza calificó el fallecimiento como “otro asesinato atribuido a la dictadura sandinista”.

Mendoza sostuvo que Rivera permaneció desaparecido durante dos años y ocho meses y apareció públicamente únicamente cuando la presión nacional e internacional obligó al régimen a informar sobre su situación.

“El colmo del cinismo fue escuchar a la codictadora pedir a Dios por la mejoría de Rivera cuando fueron ella, Daniel Ortega y los operadores de su régimen quienes condujeron al exdiputado de YATAMA a ese estado extremo”, señaló.

El exaspirante presidencial y expreso político Félix Maradiaga fue aún más lejos. Achacó directamente a los Ortega Murillo el crimen de Rivera

“Brooklyn Rivera fue asesinado por la dictadura sandinista de Ortega y Murillo”, denunció.

Maradiaga aseguró que el líder indígena permaneció encarcelado ilegalmente durante más de 970 días y sostuvo que se trataba del séptimo preso político fallecido bajo custodia estatal desde el inicio de la crisis política en 2018.

Un patrón que se repite

El abogado y analista Yader Morazán denunció que la muerte de Rivera encaja en un patrón de violaciones sistemáticas contra presos políticos.

Morazán recordó que Rivera regresó a Nicaragua en mayo de 2023 después de denunciar ante la ONU los abusos contra los pueblos indígenas.

La dictadura le prohibió el ingreso a Nicaragua y lo dejó apátrida oficialmente, pero Rivera regresó clandestino a la Costa Caribe desde Honduras

La policia al servicio de la dictadura lo capturó en septiembre en Bilwi bajo acusaciones de “traición a la patria” y desde entonces desapareció hasta que esta semana fue presentado moribundo en un hospital.

Según el jurista, el caso reproduce prácticas observadas en otros fallecimientos ocurridos bajo custodia estatal: detenciones arbitrarias, desaparición forzada, aislamiento prolongado, negación de atención médica y oscuridad institucional.

Entre los casos citados figuran los de Eddy Montes, asesinadi en prisión en 2019; el general retirado Hugo Torres, fallecido en 2022; y el exjefe militar Humberto Ortega, quien murió bajo custodia en 2024.

Morazán afirmó que el derecho internacional obliga al Estado a responder por cualquier muerte ocurrida bajo su custodia y reclamó una investigación independiente sobre las responsabilidades penales de funcionarios penitenciarios, policiales y sanitarios.

El mensaje oficial y el cuestionamiento al régimen

Mientras crecían las denuncias, la dictadura emitió una nota oficial en la que lamentó la muerte de Rivera y expresó condolencias a sus familiares, amistades y comunidades indígenas de la Costa Caribe.

El comunicado aseguró que el dirigente “estuvo acompañado” por familiares, representantes religiosos y funcionarios durante sus últimas horas de vida.

El régimen, que Murillo y Ortega no se atrevieron a firmar, eleva oraciones cristianas a favor de la víctima de la propia dictadura.

Sin embargo, para numerosos sectores opositores, el mensaje oficial representa un acto de profundo cinismo político.

La indignación se alimenta de una pregunta que permanece sin respuesta: cómo un dirigente que ingresó sano a prisión terminó agonizando en una cama hospitalaria después de casi tres años de encierro, aislamiento y desaparición forzada.(centroamerica360)