Conductores que trabajan con Uber, InDriver y servicios de taxis VIP manifestaron su inconformidad ante recientes disposiciones atribuidas a la administración municipal de Nasry Asfura, las cuales —según denuncian— contemplan decomisos de vehículos y multas que podrían llegar a los 11 mil lempiras para quienes operen sin un marco regulatorio formal.

En un comunicado público, los trabajadores señalaron que estas acciones ponen en riesgo su única fuente de ingresos y reiteraron la necesidad de que el Estado avance hacia la legalización y regulación de las plataformas digitales de transporte, de modo que puedan operar sin temor a sanciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

“No hay reglas claras”

El gremio afirmó que la ausencia de una normativa específica ha generado incertidumbre y vulnerabilidad, especialmente para quienes han invertido en sus vehículos para ofrecer el servicio. Aseguran que los decomisos y multas son desproporcionados y no responden a la realidad del mercado de movilidad actual.

También hicieron un llamado directo al Congreso Nacional para que deje de lado intereses políticos y avance en la revisión y reforma de la Ley de Transporte, argumentando que la legislación vigente no contempla las modalidades digitales que hoy utilizan miles de usuarios en las principales ciudades del país.

Modernización pendiente

Los conductores insistieron en que la modernización del sistema de transporte es indispensable para garantizar condiciones justas para los trabajadores y opciones seguras y eficientes para los pasajeros, quienes han adoptado estas plataformas como una alternativa ante las deficiencias del transporte tradicional.

Hasta ahora, el IHTT no ha emitido una postura oficial sobre las denuncias ni sobre posibles ajustes en los operativos de control.