“En ningún caso se justificará la ocupación, invasión o usurpación de tierras destinadas a la producción agroindustrial”, establece la nueva ley

Con esta normativa se envía mensaje claro a operadores de justicia para que pongan alto a invasores, señala el presidente Zambrano

Gobierno anterior incentivó invasiones y ordenó a autoridades no actuar contra esas actividades, denuncia

Tras un amplio debate, el Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, orientada a proteger la inversión, los sectores productivos y la propiedad privada, y a evitar las invasiones de tierras que ya están produciendo.

“Hemos visto cómo se han incrementado las invasiones en estos últimos años”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al comenzar el debate.

Denunció que “existió política pública del Estado en el Gobierno anterior de incentivar las invasiones, de dar órdenes a la Policía para que no accionara contra las invasiones, de desobedecer órdenes judiciales que instruían un desalojo, de decirle a las autoridades fiscales que no actuaran cuando (los afectados) presentaran una denuncia”.

“Y eso lo que nos ha traído es inseguridad jurídica, desempleo, menos inversión y menos producción en el país”, remarcó.

Zambrano, diputado del Partido Nacional por Valle, uno de los departamentos fuertemente afectados por las invasiones de tierras cultivadas con caña de azúcar, melón, ocra y otros productos, resaltó que bajo su presidencia el Congreso tiene que proteger a los empleos ya generados.

No afecta reforma agraria

El parlamentario aseguró al sector campesino que esa ley no afecta la reforma agraria y expresó el respaldo del Legislativo a la dotación de tierras por la vía legal.

“A los campesinos: más bien desde el Congreso tenemos que apoyar que esas tierras ociosas, que a través del INA (Instituto Nacional Agrario) se hacen los trámites, se les pueda ir dotando de esas tierras ociosas, pero no tierras productivas que le cuestan a la gente, a las familias, porque aquí invaden palma, zonas cafetaleras, sector caña de azúcar”, indicó.

“Este Congreso tiene que poner un alto y tiene que enviarles un mensaje a los operadores de justicia; a la Fiscalía, que actúa en estos temas, a las Fuerzas Armadas y Policía, que acompañe las órdenes de desalojo, y a la Corte Suprema de Justicia, que agilice los procesos judiciales que se encuentran en proceso”, acotó.

Alcances de la ley

El decreto de ley, que consta de nueve artículos, declara como prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial, incluyendo las inversiones de producción agroindustrial, las tierras y propiedades destinadas a la producción agroindustrial en Honduras, la infraestructura productiva, las cadenas logísticas y el transporte de los bienes, productos agroindustriales, los proyectos agroindustriales y las personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos para la producción y aprovechamiento de materias primas.

Asimismo, declara inafectables, de manera inmediata y obligatoria, las tierras y mejoras que se encuentren destinadas a la actividad agroindustrial y al cultivo de especies vegetales utilizadas como materias primas para la producción agroindustrial.

El artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial declara que “en ningún caso se justificará la ocupación, invasión o usurpación de tierras destinadas a la producción agroindustrial”.

Para eso, ninguna autoridad administrativa podrá reconocer, tolerar, validar o legitimar actos de ocupación material sobre dichas tierras, aun cuando estos se presenten bajo la forma de conflictos sociales, reivindicaciones colectivas, protestas, huelgas o reclamos políticos.

El decreto especifica que el Ministerio Público, la Policía Nacional y las autoridades administrativas competentes tienen el deber legal, ineludible e inmediato de actuar ante cualquier denuncia, aviso o conocimiento de hechos relacionados con ocupaciones ilegales, usurpaciones, tomas, bloqueos o actos que afecten directa o indirectamente actividades agroindustriales.

Consideraciones

El presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad y Prevención Ciudadana, el diputado nacionalista por Santa Bárbara Marcos Paz, realizó algunas consideraciones al decreto, como el agregado al artículo 6 donde indica que en los casos de empresas o unidades productivas que se mantengan invadidas y que sus invasores no cuenten con una resolución del juzgado, se ordena al Ministerio Público, Policía Nacional y demás autoridades proceder con los desalojos.

La vicepresidenta del Congreso y diputada liberal por Gracias a Dios, Erika Urtecho, abogó por que las disposiciones de la ley no sean aplicadas en los territorios indígenas y tribales reconocidos sin que previamente haya sido sometido a consulta popular, conforme al convenio 69 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y de la Constitución de la República.

La consideración de Urtecho fue respaldada por el diputado nacionalista por Atlántida David Manaiza y pidió incluir a los pueblos ancestrales de los nueve pueblos indígenas y afrodescendientes.

El diputado liberal por Cortés Roberto Pineda Chacón sugirió incluir las invasiones realizadas por la extensión de ganadería y agricultura a zonas protegidas como los humedales del Lago de Yojoa, los parques nacionales y zonas turísticas.

“Tiene que ser una ley que no solo abrace a los grandes inversionistas, sino que también protejamos al pequeño agricultor y ganaderos que tienen predios pequeños”, estimó.

Las sugerencias fueron aceptadas por la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana.

Discusión amplia

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Francisco Morazán Hugo Noé Pino dijo que la ley encaminada a frenar las inversiones borra la Ley de Reforma Agraria.

Además, señaló que “aquí lo que se está haciendo con esa ley es defendiendo los intereses del gran capital y criminaliza la protesta de los grupos campesinos”.

En línea con su compañero de bancada, el diputado olanchano Rafael Sarmiento consideró que el decreto no solventa la problemática histórica del tema agrario.

“Reconocemos la importancia de las exportaciones, de la generación de empleo y de la seguridad jurídica, pero también creemos que es importante el derecho que tienen las familias que han sido masacradas”, dijo.

La iniciativa, presentada al pleno legislativo por el presidente Zambrano el 25 de mayo pasado, deja claro que no se atenta contra las manifestaciones que el pueblo hondureño tiene derecho a realizar, luego de que el diputado liberal por Cortés Carlos Umaña señaló que no respaldaría el decreto debido a un artículo que ordena los desalojos de bloqueos a las actividades agroindustriales.

En la administración de Xiomara Castro se creó una comisión agraria orientada a solventar la crisis de las invasiones, pero, tras dos años sin resultados, los reportes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) más bien indicaban un aumento de las ocupaciones ilegales de tierras productivas.