Reforma establece penas más severas para crímenes cometidos en contextos de violencia de género y amplía agravantes del delito

Las penas pueden llegar hasta 40 o 60 años de prisión bajo ciertos agravantes o contextos

La CSJ deberá implementar tribunales con competencia nacional para conocer casos de violencia contra la mujer

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad este lunes una reforma al Código Penal que endurece las penas por el delito de femicidio, incorpora nuevas circunstancias agravantes y ordena la creación de órganos jurisdiccionales especializados para conocer y juzgar los casos de violencia contra la mujer en Honduras.

La iniciativa modifica varios artículos de la legislación penal para endurecer las penas aplicables a quienes cometan femicidio, incorporar nuevas circunstancias agravantes y establecer órganos jurisdiccionales especializados para conocer y juzgar estos casos en todo el país.

Penas más severas

Con la reforma, el delito de femicidio continuará siendo castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión. Sin embargo, cuando existan circunstancias agravantes, la condena podrá oscilar entre 30 y 40 años.

Entre las nuevas agravantes aprobadas figura que el crimen haya sido precedido por delitos sexuales, tortura, privación de libertad u ocultamiento de un delito sexual.

También se incluye como agravante que el responsable sea un agente del Estado que utilice su cargo, autoridad, uniforme o arma de reglamento para cometer el hecho.

Además, cuando se trate de delitos contra la vida cometidos en contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima, el cumplimiento efectivo de las penas acumuladas podrá alcanzar hasta 60 años de prisión.

*Endurecimiento de penas *

Las reformas también incorporan una definición más amplia sobre las relaciones desiguales de poder basadas en género, estableciendo elementos que los tribunales podrán tomar en cuenta para determinar la existencia de violencia contra la mujer.

Entre ellos figuran antecedentes de control sobre la víctima, violencia psicológica o simbólica, conductas de posesión, aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad económica, física o social, así como antecedentes de violencia previos, hayan sido denunciados o no.

La normativa también reconoce condiciones especiales de vulnerabilidad relacionadas con discapacidad, dependencia económica, edad, pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes y otras circunstancias que puedan aumentar la indefensión de las víctimas.

Creación de juzgados especializados

Otro de los cambios aprobados ordena a la Corte Suprema de Justicia la creación de órganos jurisdiccionales especializados con competencia nacional para conocer casos de femicidio, delitos relacionados y otras formas de violencia contra la mujer.

La Corte deberá emitir en un plazo máximo de 90 días hábiles la normativa que regule el funcionamiento de estos tribunales, así como la designación de juezas y personal auxiliar encargado de atender los procesos.

Diputadas respaldan reforma

La vicepresidenta de la Cámara y diputada nacionalista por Francisco Morazán Lissi Matute Cano destacó que los femicidios representan “un flagelo” para la sociedad hondureña y sostuvo que corresponde al Congreso legislar para frenar este tipo de violencia.
Explicó que la reforma surge de las recomendaciones presentadas por una comisión multipartidaria que analizó la problemática y concluyó que era necesario endurecer las penas contra quienes asesinan mujeres.

Desde la bancada liberal, Alejandra Vallecillo respaldó la iniciativa y recordó que, según datos del Observatorio de la Violencia, una mujer es asesinada cada 32 horas en Honduras.

La parlamentaria por Cortés subrayó que detrás de cada caso existen familias afectadas, niños que quedan huérfanos y daños irreparables para los hogares hondureños.

Por su parte, la diputada de Libertad y Refundación (Libre) por Intibucá Doris Mendoza señaló que la Comisión de Equidad de Género del Congreso ha dado seguimiento a la violencia contra las mujeres y advirtió sobre la cantidad de muertes registradas en los primeros meses del año.

La legisladora expresó el respaldo de su bancada al proyecto y llamó a acompañar las medidas destinadas a proteger la vida de las hondureñas.

La aprobación unánime de la reforma refleja el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas para fortalecer las herramientas legales frente a la violencia de género y reforzar la protección de las mujeres en el país.