La Comisión Técnica Liquidadora informó este miércoles sobre nuevas irregularidades detectadas durante la revisión de bienes y de la ejecución presupuestaria de la administración anterior, entre las que figuran compras de equipos tecnológicos sin registro oficial, un incremento inusual en el gasto de combustible durante el período electoral y posibles usos indebidos de recursos públicos.

El coordinador de la comisión, el abogado Ángel Antonio Mendoza, explicó que la investigación ha permitido identificar activos que fueron adquiridos con fondos públicos, pero que no aparecen debidamente incorporados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), situación que dificulta el control y la trazabilidad de esos bienes.

Entre los principales hallazgos mencionó la compra masiva de computadoras cuya adquisición, según indicó, carece de una justificación clara. Además, se detectaron casos de empleados que tenían asignados simultáneamente equipos de escritorio y computadoras portátiles, lo que ha generado cuestionamientos sobre la necesidad de dichas adquisiciones.

La comisión también señaló que parte de estos dispositivos habrían sido utilizados fuera del horario laboral para actividades de carácter político. A ello se suman observaciones relacionadas con el alquiler de impresoras y un aumento en los gastos de alimentación que, según las investigaciones, no guardarían relación con actividades oficiales de las instituciones.

Otro aspecto bajo análisis es el incremento considerable en el consumo de combustible registrado en los días previos y posteriores al proceso electoral, sin que exista, de acuerdo con la comisión, una relación proporcional con el uso de la flota vehicular institucional.

Las anomalías fueron identificadas principalmente en áreas de planificación estratégica, unidades administrativas y programas como la Red Solidaria y Proasol, donde se concentró parte importante de la ejecución de recursos.

Mendoza indicó que toda la documentación recopilada será remitida a los organismos de control y al Ministerio Público para que determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales. Asimismo, precisó que se desarrolla una auditoría integral para verificar qué procesos fueron ejecutados conforme a la ley y cuáles carecen del respaldo legal correspondiente, advirtiendo que estos últimos no serán reconocidos para efectos de pago.

El funcionario agregó que la Comisión Técnica Liquidadora también avanza en el cierre administrativo de procesos pendientes desde 2022, labor que realiza en coordinación con distintas instituciones del Estado y con el acompañamiento del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organizaciones que podrían presentar denuncias derivadas de los hallazgos.

Finalmente, Mendoza afirmó que el trabajo de la comisión se basa exclusivamente en evidencia documental y criterios técnicos, por lo que todos los resultados serán trasladados a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones y determinen las acciones legales que correspondan.