Publicada en La Gaceta la ampliación del contrato de suministro de equipamiento

La medida permitirá completar la instalación de escáneres corporales, equipos de rayos X y dispositivos portátiles para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios del país

Con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ya entró en vigor el decreto mediante el cual el Congreso Nacional aprobó la adenda de ampliación de plazo al contrato suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la empresa encargada del suministro e instalación de escáneres corporales y equipos de rayos X para distintos centros penales del país.

La medida permitirá concluir la ejecución del proyecto, orientado a fortalecer los mecanismos de control y seguridad dentro del sistema penitenciario nacional.

El decreto 95-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 37.191, con fecha 11 de julio de 2026, autoriza la ampliación del plazo de ejecución del contrato suscrito entre el INP y la empresa responsable del proyecto, garantizando la culminación de la instalación del equipamiento tecnológico y reafirmando el compromiso del Estado con el fortalecimiento de la seguridad y la modernización de la infraestructura penitenciaria.

Este enfoque transmite una visión más optimista al destacar los beneficios y el impacto positivo de la medida, en lugar de centrarse únicamente en la ampliación del contrato.

Fortalecimiento de la seguridad

El contrato contempla el suministro e instalación de seis escáneres corporales de rayos X de cuerpo completo, cuatro escáneres de rayos X para revisión de objetos y seis escáneres portátiles de rayos X, equipos que serán distribuidos en diferentes centros penitenciarios del país.

La incorporación de esta tecnología busca fortalecer las inspecciones de personas y objetos, prevenir el ingreso de armas, drogas y otros artículos ilícitos, así como mejorar las condiciones de vigilancia y control dentro de las instalaciones carcelarias.

Ampliación del contrato

La solicitud de ampliación fue presentada por la empresa contratista debido a retrasos en la fabricación, disponibilidad y entrega internacional de parte del equipo tecnológico.

Posteriormente, la Subdirección Nacional de Seguridad e Inteligencia, la Comisión Administradora del Contrato y la Unidad de Servicios Legales del INP emitieron dictámenes favorables al considerar que la extensión del plazo era necesaria para garantizar el cumplimiento del proyecto.

Asimismo, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional autorizó la modificación contractual mediante adenda, al tiempo que estableció la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la Ley de Contratación del Estado por el incumplimiento del plazo inicialmente pactado.

Continuidad del proyecto

El Congreso Nacional aprobó la ampliación debido a que la ejecución del contrato trasciende el período de gobierno, requisito establecido en las disposiciones presupuestarias vigentes para este tipo de contrataciones.

Con esta decisión se garantiza la continuidad del proyecto y la instalación de los equipos tecnológicos destinados a modernizar los controles de seguridad en los centros penitenciarios, contribuyendo al fortalecimiento institucional del sistema penitenciario hondureño y a una mayor capacidad para prevenir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles del país.