La extorsión en el sector transporte de Honduras ha mutado hacia un modelo de operaciones cibernéticas y carcelarias, evadiendo los controles policiales.

Dirigentes denuncian que las amenazas ahora se originan desde los centros penales y los pagos se efectúan mediante billeteras electrónicas a identidades falsas, mientras que los chips telefónicos se compran libremente.

Estructuras criminales

La dinámica criminal ha sufrido una transformación significativa, dejando atrás los métodos tradicionales de cobro directo. Según el dirigente del transporte, Jorge Lanza, las bandas delictivas han retomado el control total desde las cárceles, burlando la seguridad penitenciaria y diversificando su accionar para mantener bajo asedio a los operadores.

Billeteras electrónicas

El uso de tecnología financiera se ha consolidado como el mecanismo preferido por los extorsionadores para la recolección de dinero. Esta modalidad tecnológica plantea un reto mayúsculo para los investigadores, ya que las transacciones digitales dificultan la ubicación de los responsables.

Identidades falsas: El dinero suele ser enviado a cuentas vinculadas con personas fallecidas o identidades suplantadas.

Receptores de bajo nivel: Las capturas policiales se limitan a eslabones menores encargados del cobro físico, quienes reciben pagos mínimos de hasta L. 500, dejando intacta a la cúpula criminal.

Tráfico de chips

La venta irregular de líneas telefónicas es otro eslabón débil en la seguridad nacional. A pesar de las constantes promesas oficiales de regular el mercado, los chips continúan comercializándose sin ningún tipo de control, llegando a ofrecer hasta seis unidades por L. 100. Esta facilidad operativa permite a los criminales renovar sus números de contacto constantemente e intensificar sus amenazas.

Exigencia de soluciones

Ante el alarmante impacto económico —donde las cuotas diarias y semanales representan montos masivos que terminan asfixiando a los transportistas— el gremio exige una reestructuración de las políticas de seguridad. Lanza hizo un llamado urgente para que las autoridades prioricen la inteligencia policial, el control estricto en los centros penitenciarios y el rastreo financiero, en lugar de únicamente hacer cambios cosméticos en los nombres de las unidades de seguridad.