La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, junto a varios funcionarios y diputados de la Asamblea Legislativa denunciaron este lunes a cuatro magistrados de la Sala Constitucional por prorrogar las funciones de magistrados suplentes ante la falta de nombramientos.

El oficialismo acusa a los magistrados del supuesto delito de prevaricato por decidir prorrogar las funciones de magistrados suplentes que cumplieron su periodo en diciembre de 2025 por la negativa de la Asamblea de nombrar nuevos funcionarios.

Los funcionarios alegan que los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García tomaron una decisión que carece de legalidad y que sería inconstitucional porque nombrar magistrados sería función solo de la Asamblea Legislativa.

“En nuestra democracia, jamás cuatro magistrados usurpadores de la división de poderes, usurpadores de la democracia nunca van a poder imponerse a 31 diputados”, aseguró Fernández fuera de la Secretaría del Poder Judicial.

Fernández aseveró el viernes que los magistrados cometieron “un golpe de Estado” contra la Asamblea Legislativa, declaración que fue rechazada por la Sala al explicar que un golpe implica un rompimiento del orden constitucional, cuando ellos con la prórroga buscan dar seguridad jurídica.

A la presentación de la denuncia llegaron los ministros, entre ellos, el titular de Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar. También llegó la presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez.

“Cuantas veces sean necesarias, desde el gobierno de la república vamos a acompañar a la Asamblea Legislativa. Lo que estamos viviendo es un grave ataque a la división de poderes por parte de cuatro magistrados que desconocen a la Constitución Política de nuestro país.Cuatro magistrados le pasaron abiertamente por encima a las leyes de nuestro país”, aseveró la mandataria.

“Cuatro magistrados de la Sala Constitucional se creyeron dueños de la verdad, dueños de la ley”, afirmó Fernández.

El oficialismo legislativo de Pueblo Soberano ha rechazado completar la elección en tres ocasiones distintas desde que asumió en mayo. En un primer momento, el oficialismo dijo que rechazaba la lista por no conocer los perfiles de los candidatos. Luego pidió a la Corte Suprema de Justicia que ampliara de 18 a 24 la lista de aspirantes y por último, devolvió la lista a la Corte, aunque eso implicaría que las magistraturas sigan vacantes por al menos un año más.