Las autoridades municipales de Choloma rescataron al perro Spike, luego de que un video que mostraba al animal siendo arrastrado por un vehículo presuntamente conducido por su propietario provocara una ola de rechazo en redes sociales y generara llamados para que se actuara contra el responsable.

La intervención fue ordenada por el alcalde Gustavo Mejía, quien instruyó a las dependencias municipales a ejecutar las acciones necesarias para garantizar la protección del can y aplicar las sanciones establecidas en la normativa vigente.

El director de Justicia Municipal, Tilson Rubio, informó que personal de la alcaldía realizó una inspección en el lugar donde ocurrieron los hechos y confirmó que el perro se encontraba en condiciones de salud preocupantes.

Aunque el animal no presentaba lesiones externas atribuibles al momento en que fue arrastrado, la evaluación inicial determinó que sufría un grave estado de desnutrición, por lo que fue retirado de su propietario para recibir atención especializada.

Como resultado del procedimiento administrativo, la municipalidad impuso al dueño una multa de 5,000 lempiras por maltrato animal. Rubio explicó que la sanción corresponde a lo establecido en el plan de arbitrios municipal y que se aplicó como una primera infracción, al no existir antecedentes de reincidencia.

Las autoridades también anunciaron que Spike será sometido a una valoración veterinaria con el apoyo de organizaciones dedicadas a la protección animal. El objetivo es garantizar su recuperación y determinar si podrá ser entregado en adopción a una familia que le ofrezca condiciones adecuadas de bienestar.

Por su parte, representantes del refugio Ale Santuario Patitas de Amor HN confirmaron que el perro, también conocido como Asher, ya se encuentra bajo resguardo y recibe tratamiento médico, mientras continúan las gestiones para asegurarle un entorno seguro y libre de maltrato.

El caso ha reavivado el debate sobre las sanciones por crueldad animal en Honduras, donde distintos colectivos consideran que las multas administrativas resultan insuficientes y han insistido en la necesidad de fortalecer la aplicación de la legislación para castigar este tipo de conductas.