Los productores agropecuarios del país podrán acceder a nuevas alternativas para aliviar su situación financiera tras la entrada en vigor de la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro, contenida en el Decreto No. 128-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta.

La normativa establece mecanismos que permitirán a los agricultores y otros sectores productivos refinanciar sus obligaciones crediticias, acceder a nuevas opciones de financiamiento y beneficiarse de un sistema de seguros subsidiados para enfrentar las pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos y otros riesgos propios de la actividad agropecuaria.

El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, destacó que la legislación busca brindar mayor estabilidad económica a los productores, especialmente a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Entre las principales disposiciones de la ley figura la posibilidad de readecuar créditos por un período de hasta 15 años para productores agropecuarios, empresas asociativas campesinas, salineros, arroceros y pequeños y medianos productores de camarón que mantienen préstamos en mora o con cuotas vencidas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La nueva legislación también crea un seguro agropecuario destinado a proteger las actividades productivas frente a eventos climáticos y otros factores que puedan afectar las cosechas o la producción. Para poner en marcha este mecanismo, el Gobierno destinará 100 millones de lempiras, recursos que permitirán subsidiar hasta el 80 % del costo de las primas, facilitando el acceso de un mayor número de productores.

Según la SAG, esta medida forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo del sector agropecuario mediante acciones complementarias como asistencia técnica, acceso a mercados, garantías para créditos productivos e inversiones en infraestructura de riego.

Las autoridades consideran que la entrada en vigencia del Decreto No. 128-2026 representa un paso para mejorar las condiciones del campo hondureño, al ofrecer herramientas que permitan a los productores enfrentar sus obligaciones financieras, reducir su vulnerabilidad y fortalecer la producción nacional.