** Orden judicial que antes frenaba la terminación

     del Estatus quedó sin efecto en febrero de 2026

** Peticiones de asilo, familiares o visas para víctimas de

algunos hechos serían base migratoria o laboral diferente

** Salvadoreños, con TPS vigente hasta septiembre de 2026,

   observan igual panorama todavía protegidos, pero en dudas

Más de dos décadas después de que el huracán “Mitch” abriera para miles de hondureños una puerta de protección migratoria en Estados Unidos, el Estatus de Protección Temporal (TPS) dejó de funcionar como escudo para sus beneficiarios.

La batalla judicial continúa, pero actualmente no existe una orden que mantenga vigentes de manera general el estatus y los permisos de trabajo derivados exclusivamente del TPS hondureño.

La situación forma parte de un escenario mucho más amplio. La administración del presidente Donald Trump ha avanzado durante su segundo mandato en la terminación de numerosas designaciones de TPS, una política que ha alcanzado a inmigrantes de América Latina, el Caribe, África, Asia y Medio Oriente y que ha recibido un importante respaldo jurídico después de decisiones de la Corte Suprema que restringieron la capacidad de tribunales inferiores para frenar determinadas terminaciones.

Para los hondureños, el panorama es particularmente complejo porque muchos llegaron a Estados Unidos hace más de un cuarto de siglo, formaron familias, compraron viviendas, establecieron negocios y construyeron su vida laboral bajo una protección que, aunque siempre fue temporal, se prolongó durante sucesivas administraciones.

Protección tras “Mitch”

El gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) designó a Honduras para el TPS en 1999 debido a la devastación provocada por el huracán “Mitch”.

El programa permitió a los hondureños elegibles permanecer temporalmente en territorio estadounidense, obtener autorización de empleo y estar protegidos contra la deportación mientras permaneciera vigente la designación.

El TPS, establecido por el Congreso estadounidense en 1990, puede concederse cuando un país enfrenta un conflicto armado, un desastre ambiental o condiciones extraordinarias y temporales que dificultan el regreso seguro de sus ciudadanos.

La protección, sin embargo, nunca ha constituido por sí misma una residencia permanente ni una vía automática hacia la ciudadanía.

Datos del Servicio de Investigación del Congreso contabilizaban 51,225 hondureños con TPS aprobado, lo que colocaba a Honduras entre las comunidades históricamente más numerosas del programa.

Noem puso fecha final

El 8 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó oficialmente la terminación de la designación de Honduras.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que, después de revisar las condiciones del país y consultar con otras agencias del Gobierno estadounidense, Honduras ya no cumplía los requisitos que justificaban mantener la protección.

La terminación entró en vigor el 8 de septiembre de 2025. Desde entonces, los hondureños cuya única protección migratoria provenía del TPS dejaron de contar con ese amparo y con la autorización laboral asociada exclusivamente al programa.

La decisión marcó un cambio trascendental para una población que llevaba aproximadamente 26 años dependiendo de sucesivas extensiones.

Tribunales abrieron puerta, pero volvió a cerrarse

La terminación no ocurrió sin resistencia.

La National TPS Alliance y beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal demandaron al Gobierno estadounidense el 7 de julio de 2025. El 31 de julio, la jueza federal Trina Thompson ordenó aplazar las terminaciones mientras continuaba el litigio.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2025, Thompson volvió a dar la razón a los demandantes y anuló las terminaciones, una victoria que fue temporal.

El 9 de febrero de 2026, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió el fallo de Thompson mientras se resuelve la apelación del Gobierno. El tribunal consideró que la administración tenía probabilidades de prevalecer, incluso por la posible limitación de la capacidad de los tribunales para revisar este tipo de decisiones.

La resolución permitió que las terminaciones siguieran produciendo efectos sobre hondureños, nicaragüenses y nepaleses. Se estimó en alrededor de 89,000 las personas de las tres nacionalidades alcanzadas por el litigio.

El intento de conseguir una reconsideración ante todo el Noveno Circuito tampoco prosperó: el 6 de abril de 2026 fue rechazada la petición de una nueva audiencia en banco.

Por tanto, aunque el litigio relacionado con Honduras no puede considerarse simplemente desaparecido, el dato fundamental para los antiguos tepesianos es otro: en este momento no existe una orden judicial que restablezca de forma general el TPS hondureño.

Corte cambió más el panorama

Otro golpe para las organizaciones que intentan detener judicialmente las cancelaciones llegó el 25 de junio de 2026.

La Corte Suprema resolvió casos relacionados con las terminaciones del TPS de Siria y Haití y revocó decisiones inferiores. El pronunciamiento fortaleció considerablemente la posición del Ejecutivo respecto a su autoridad sobre las designaciones y limitó las herramientas disponibles para impugnar judicialmente esas decisiones.

La sentencia no decidió directamente el caso de Honduras, una distinción importante. Sin embargo, sus efectos jurídicos trascienden a haitianos y sirios porque pueden incidir sobre litigios similares, incluido el proceso que involucra a Honduras, Nicaragua y Nepal.

De hecho, el Noveno Circuito había mantenido temporalmente en suspenso parte del procedimiento de apelación relacionado con Honduras a la espera de lo que resolviera la Corte Suprema en esos casos.

Permisos de trabajo: TPS ya no basta

Una de las consecuencias más delicadas está relacionada con el empleo.

Mientras estuvo vigente la designación, los beneficiarios hondureños podían obtener Documentos de Autorización de Empleo (EAD). Los permisos asociados al TPS suelen identificarse con las categorías A-12 y C-19.

Con la terminación, una persona no puede asumir que una antigua tarjeta de autorización laboral continúa siendo válida simplemente porque anteriormente tuvo TPS.

Esto tampoco significa que todos los hondureños que fueron tepesianos estén automáticamente impedidos de trabajar.

Algunos pueden haber obtenido o solicitado otras formas de protección o autorización migratoria. Dependiendo de las circunstancias individuales, podrían existir procesos de asilo, peticiones familiares, ajuste de estatus, visas para víctimas de determinados delitos u otras categorías capaces de proporcionar una base migratoria o laboral diferente.

Por eso, uno de los mayores errores sería considerar a los antiguos beneficiarios como un grupo jurídicamente uniforme.

Solicitud no siempre es estar protegido

Otro punto que adquiere importancia es la situación de quienes iniciaron trámites migratorios durante los años que estuvieron bajo TPS.

Una petición familiar pendiente o incluso aprobada no necesariamente equivale a residencia legal inmediata. Tampoco toda solicitud migratoria pendiente concede automáticamente autorización de empleo o impide una deportación.

La posibilidad de ajustar estatus puede depender de factores como la forma en que la persona ingresó a Estados Unidos, antecedentes migratorios, salidas y reingresos, existencia de órdenes de deportación, relaciones familiares y otras circunstancias particulares.

En consecuencia, los antiguos tepesianos necesitan revisar individualmente su historial migratorio y no limitarse a determinar si poseen una solicitud pendiente ante USCIS.

El Salvador en fecha decisiva

La situación salvadoreña resulta especialmente importante para Centroamérica.

A diferencia de Honduras y Nicaragua, el TPS de El Salvador permanece vigente hasta el 9 de septiembre de 2026 para los beneficiarios que reúnen los requisitos correspondientes. La última extensión fue concedida por 18 meses y comenzó el 10 de marzo de 2025.

El Servicio de Investigación del Congreso contabilizaba 170,125 salvadoreños con TPS aprobado, una población considerablemente mayor que la hondureña.

Pero su futuro está rodeado de incertidumbre.

La encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en El Salvador, Naomi Fellows, recordó en julio que el carácter temporal forma parte de la propia naturaleza del TPS y que la decisión corresponde al Departamento de Seguridad Nacional.

La experiencia reciente de Honduras, Nicaragua, Haití, Venezuela y otras nacionalidades convierte el vencimiento salvadoreño en uno de los próximos puntos de atención de la política migratoria estadounidense.

Incertidumbre permanente

El ejemplo de Honduras expone uno de los problemas estructurales del TPS: un mecanismo concebido para situaciones temporales terminó convirtiéndose, para determinadas comunidades, en una protección renovada durante décadas.

Los hondureños y nicaragüenses permanecieron amparados durante aproximadamente 26 años. Los salvadoreños comenzaron a recibir TPS después de los terremotos de 2001.

Eso creó una generación de inmigrantes cuya vida cotidiana es estadounidense, pero cuya permanencia siguió dependiendo de decisiones periódicas del Poder Ejecutivo.

El problema emerge cuando termina la protección: el tiempo vivido bajo TPS, por prolongado que sea, no convierte automáticamente al beneficiario en residente permanente.

Perspectiva para hondureños

A corto plazo, la perspectiva es desfavorable para quienes dependían exclusivamente del TPS.

La combinación de tres factores —la terminación ordenada por DHS, la decisión del Noveno Circuito de permitir su aplicación y el nuevo precedente de la Corte Suprema— ha reducido considerablemente las posibilidades de que una orden judicial restablezca rápidamente y de manera general la protección.

Eso no significa que el litigio carezca de importancia ni que todos los recursos estén necesariamente agotados. Significa que los antiguos beneficiarios no pueden organizar actualmente su vida laboral y migratoria bajo la presunción de que el TPS volverá a entrar en vigor.

La alternativa más sólida para muchos será determinar si durante sus décadas de permanencia construyeron alguna vía independiente hacia un estatus migratorio más estable.

Congreso, salida más duradera

El futuro de los tepesianos también vuelve a colocar el debate en el Congreso de Estados Unidos.

Los tribunales pueden determinar si una administración actuó dentro de los límites de la ley, pero difícilmente pueden solucionar el problema político de miles de personas que han permanecido legalmente durante décadas mediante una protección diseñada como temporal.

Una solución permanente requeriría legislación que establezca mecanismos para que determinados beneficiarios de larga duración puedan acceder a la residencia permanente, una posibilidad debatida durante años pero que no ha conseguido convertirse en una reforma migratoria definitiva.

Mientras eso no ocurra, las comunidades afectadas continuarán dependiendo de decisiones administrativas, litigios y circunstancias individuales.

¿Qué viene ahora?

Para los hondureños, la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en cuándo habrá una nueva extensión.

La pregunta ahora es qué alternativas existen después del TPS.

La tendencia seguida por la administración Trump, las recientes decisiones de los tribunales y especialmente la sentencia de la Corte Suprema muestran un escenario en el que las protecciones temporales enfrentan un margen político y judicial mucho más estrecho que en años anteriores.

Los hondureños son una de las comunidades que primero enfrentan esa nueva realidad. Los salvadoreños, cuyo TPS está vigente hasta septiembre de 2026, observan el mismo panorama desde una posición todavía protegida pero incierta.

Lo que comenzó como una respuesta humanitaria a huracanes, terremotos, guerras y crisis extraordinarias se ha convertido así en una de las grandes interrogantes migratorias de Estados Unidos: qué hacer con cientos de miles de personas que recibieron una protección “temporal”, pero que después de décadas hicieron de ese país su hogar permanente.