• Los gastos que convierten una enfermedad en golpe económico
• Gobierno aumenta recursos para enfrentar la crisis
• Emergencia sanitaria acelera compras y cirugías

Llegar a un hospital público y no pagar por la consulta no significa que enfermarse sea gratuito. Para miles de familias hondureñas, el costo real comienza antes de entrar al consultorio y puede continuar durante días o meses: transporte, comida, medicamentos que no están disponibles, estudios realizados en laboratorios privados, insumos para una cirugía, alojamiento para familiares y jornadas de trabajo perdidas.

No existe una estadística oficial de 2026 que sume en una sola cifra todos esos gastos indirectos. Sin embargo, datos recientes del sistema sanitario, estudios de organismos internacionales, cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y testimonios de pacientes permiten dimensionar el problema: una enfermedad que aparentemente comienza con una consulta gratuita puede terminar costando desde cientos hasta decenas de miles de lempiras.

El dato estructural más revelador proviene de la base internacional de gasto sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicada también por el Banco Mundial. El último dato comparable disponible para Honduras indica que en 2023 el 53.06 % del gasto corriente en salud salió directamente del bolsillo de los hogares. Es decir, más de la mitad del financiamiento sanitario correspondió a pagos realizados directamente por las personas.

La OMS advierte que un nivel elevado de gasto de bolsillo puede convertirse en un gasto catastrófico o empobrecedor, especialmente cuando obliga a una familia a sacrificar alimentación, vivienda u otras necesidades esenciales para atender una enfermedad.

El medicamento que falta cambia toda la factura

Una veeduría presentada el 26 de agosto de 2026 por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), junto con asociaciones de pacientes, entrevistó a 2,086 usuarios en 163 establecimientos de salud. El resultado mostró que tres de cada diez pacientes no recibieron su tratamiento completo durante julio.

La situación fue más pronunciada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde el 39 % de los entrevistados dijo no haber recibido todo su tratamiento, frente al 28 % en establecimientos administrados por la Secretaría de Salud. Además, 20 % afirmó haber tenido que comprar materiales o insumos por su propia cuenta.

Familias reportan gastos de L5,000, L9,000 y hasta L30,000

En junio de este año, familiares de pacientes del Hospital Escuela denunciaron que estaban comprando insumos y medicamentos por su cuenta. Uno de ellos, procedente de San Antonio de Cortés, aseguró que había llegado a Tegucigalpa con apenas 800 lempiras para acompañar a su padre.

Otro familiar dijo haber solicitado dinero prestado y afirmó que ya había gastado alrededor de 5,000 lempiras en exámenes y medicamentos. En el mismo reporte se documentó el caso de un catéter cuyo precio rondaba los 13,000 lempiras, o aproximadamente 9,750 lempiras con descuento.

Un mes después, otra familia relató que para una operación por fractura les indicaron prepararse con alrededor de 30,000 lempiras para adquirir materiales como clavos y platinas. Otros pacientes denunciaron la compra de yeso, hilo quirúrgico y medicamentos antes de una intervención.

El propio Estado proporciona otra referencia sobre el costo de procedimientos especializados. Entre marzo y mayo de 2026 pagó cerca de 10 millones de lempiras por 154 intervenciones con información financiera disponible en hospitales privados, equivalentes a un promedio aproximado de L65,000 por operación, dentro del programa para reducir la mora quirúrgica pública.

Ese dinero no fue pagado por los pacientes beneficiarios, pero permite dimensionar cuánto puede valer un procedimiento cuando debe adquirirse fuera de la red estatal.

Viajar para curarse

Para una persona que vive fuera de Tegucigalpa o San Pedro Sula, la factura comienza incluso antes de recibir atención.

El transporte desde una comunidad hasta una cabecera municipal, luego hacia una ciudad y finalmente hasta el hospital puede implicar varios desplazamientos. Si el paciente necesita un acompañante, el gasto se duplica. Después vienen comida, transporte urbano y, cuando la consulta, hospitalización o cirugía se prolonga, alojamiento.

La necesidad es suficientemente visible como para que en marzo de 2026 se ordenara destinar hasta L3.1 millones para ampliar y adecuar el albergue de pacientes y familiares de oncología del Hospital San Felipe, pensado precisamente para quienes deben permanecer cerca del centro asistencial durante sus tratamientos.

No existe una tarifa nacional que permita afirmar cuánto gasta cada familia en transporte, alimentación y hospedaje. Todo depende de la distancia, duración del tratamiento y número de acompañantes. Lo relevante es que estos desembolsos no aparecen en el precio de una consulta pública, pero forman parte del costo económico de enfermarse.

Un día en el hospital

Según la Encuesta Permanente de Hogares del INE de julio de 2025, el ingreso promedio mensual de las personas ocupadas era de L9,682 a nivel nacional. En las zonas urbanas alcanzaba L11,725, mientras que en el área rural descendía a L6,681. Los trabajadores por cuenta propia promediaban L8,491 mensuales.

El impacto puede ser aún mayor para quien vive de lo que gana cada día: vendedores, agricultores, conductores, trabajadores de servicios y otras personas sin un salario fijo o licencia remunerada. Para ellos, pasar una jornada completa en el hospital puede significar simplemente no recibir ingreso ese día.

Y esa pérdida ocurre en un país donde, según el INE, 60.1 % de los hogares estaba bajo la línea de pobreza en 2025 y 38.3 % se encontraba en pobreza extrema.

Espacio para las estafas

Un caso reciente lo evidencia. El Ministerio Público abrió investigaciones contra las clínicas Nueva Med, en Tegucigalpa, y Medisan, en San Pedro Sula, después de denuncias por supuestos diagnósticos falsos utilizados para convencer a personas de adquirir tratamientos costosos.

En el caso de Nueva Med, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor y la ATIC realizaron una inspección el 3 de septiembre de 2026. Según la investigación preliminar, potenciales pacientes recibían llamadas ofreciéndoles una evaluación gratuita. Después eran sometidos a un supuesto examen y recibían diagnósticos que generaban preocupación.

El Ministerio Público investiga denuncias según las cuales algunos usuarios terminaban pagando más de L5,000 por un dictamen y posteriormente eran inducidos a suscribir contratos para tratamientos más costosos, incluso mediante tarjetas de crédito y con cláusulas que establecían penalizaciones por incumplimiento. Las acusaciones permanecen bajo investigación y no constituyen todavía una condena contra los señalados.

¿Qué está haciendo el Gobierno?

En febrero de 2026, Honduras declaró una emergencia en el sector salud mediante el Decreto Legislativo 5-2026, reconociendo oficialmente problemas como la mora quirúrgica, el desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales, la falta de personal especializado, el deterioro de infraestructura y las limitaciones logísticas de la red pública.

La medida abrió procedimientos excepcionales para acelerar la adquisición de medicamentos, insumos y equipos, así como la contratación de servicios para atender pacientes que permanecían esperando una operación. En marzo también se constituyó un fideicomiso para comprar medicamentos e insumos, equipar hospitales y contratar servicios destinados a disminuir la mora quirúrgica.

El Gobierno asignó además a la Secretaría de Salud un presupuesto aprobado de aproximadamente L31,397 millones para 2026, de acuerdo con el Presupuesto General de la República. De ese monto, unos L26,240 millones corresponden al Tesoro Nacional y poco más de L5,045 millones a fuentes externas.