En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el bitcoin como moneda de curso legal, una decisión que colocó a la nación centroamericana en el centro del debate financiero internacional.

El presidente Nayib Bukele presentó la criptomoneda como una herramienta para atraer inversiones, reducir las comisiones por remesas y modernizar la economía. Sin embargo, su incorporación a las operaciones diarias avanzó menos de lo previsto.

Para impulsar su uso, el Gobierno entregó un bono equivalente a $30 a los adultos que descargaran la billetera estatal Chivo Wallet. En septiembre de 2021, la plataforma llegó a registrar 2.1 millones de usuarios.

Las autoridades destinaron más de $150 millones al proceso de adopción, aunque no han informado cuánto dinero fue utilizado específicamente para financiar los bonos. Una encuesta de la UCA también reveló que el 91.8 % de los salvadoreños no utilizó bitcoin durante 2024.

En 2025, una reforma eliminó la obligación de aceptar la criptomoneda y estableció que su utilización sería voluntaria. El cambio formó parte de las condiciones negociadas con el Fondo Monetario Internacional.

El Salvador alcanzó un acuerdo con el FMI por $1,400 millones, que contemplaba limitar el uso de recursos públicos en nuevas compras de bitcoin y reducir la participación estatal en el ecosistema, incluida la venta o descontinuación de Chivo Wallet.

Pese a la escasa adopción ciudadana, especialistas del sector consideran que el país construyó uno de los marcos regulatorios más avanzados de América Latina para los activos digitales. El desafío sigue siendo convertir esa imagen de pionero regional en un uso efectivo dentro de la economía salvadoreña.