Un total de 9.5 millones de cigarrillos falsificados, valorados en casi nueve millones de lempiras, fueron decomisados por los Operadores de Justicia del Estado hondureño.

La mercancía fue detectada, a inicios de este año, después de la inspección de un contenedor con procedencia de la República de Camboya, que supuestamente traía ropa; sin embargo, las autoridades se percataron que contenía 795 cajas de cigarrillos falsificados y que no estaban autorizados por la unidad Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA).

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Se estima que la pérdida fiscal por este caso es de más de 8.800 millones de lempiras. En el 2019, el Estado perdió aproximadamente 329 millones de lempiras por evasión fiscal por el comercio ilegal de cigarrillos. En el 2021, el contrabando de cigarrillos en Honduras aumentó en un 30%, es decir, que tres de cada 10 cigarros consumidos en el país, vienen del contrabando, según estudios de la industria.

Además de la afectación al Estado por la defraudación fiscal, estas mercancías elevan los riesgos de salud, pues incumplen las disposiciones de la Ley Especial contra el Control de Tabaco y las advertencias de salud autorizadas por el IHADFA.

Más de 20 marcas no reconocidas legalmente o falsificadas, en su mayoría de origen oriental o indio, se venden en diversos puestos callejeros y pulperías en Honduras. Los informes sugieren que el comercio ilícito de tabaco representa del 10 al 12% del consumo mundial de tabaco, lo que corresponde a un estimado de 400 a 460 mil millones de cigarrillos ilícitos.

Un problema de seguridad nacional

El contrabando, junto a la introducción ilegal, y marcas falsificadas son delitos que van más allá. Es decir, cuando se genera contrabando, por lo general está encadenado a otras actividades como narcotráfico, delincuencia y hasta trata de personas.

Incluso, consumidores desconocen que este tipo de producto que es falso, podría tener dentro de sus ingredientes aserrín de madera, azúcar e incluso han encontrado hasta heces fecales de ratas y otros animales, según estudios.

Esta es una actividad criminal perseguida por las autoridades por los perjuicios económicos y serios daños a la seguridad y estabilidad nacional que le causan al Estado, así como comprobados daños a la salud pública.