Captan a Luis Redondo en El Salvador, mientras le espera un rosario de requerimientos
El ilegal presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue captado en El Salvador, dándose la gran vida acompañado de su pareja.
Redondo ha sido señalado en el país de diversos actos reñidos con la ley y en varias ocasiones ha sido citado, pero no se ha presentado a declarar.
Este día circularon imágenes de Redondo en El Salvador, en pleno feriado Morazánico acompañado de su pareja Suyen Muñoz visitando diversos sitios históricos del vecino país.
Luis Rolando ha sido objeto de denuncias penales, investigaciones del Ministerio Público y cuestionamientos de organizaciones anticorrupción, diputados opositores y sectores jurídicos.
Los principales señalamientos se relacionan con presunto abuso de autoridad, manejo irregular de fondos públicos, falta de transparencia, posibles violaciones constitucionales y decisiones legislativas cuestionadas.
PRINCIPALES DENUNCIAS Y SEÑALAMIENTOS
1. Investigación por abuso de autoridad y usurpación de funciones
El Ministerio Público investiga actuaciones de Redondo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Entre los posibles delitos examinados figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones públicas.
El 18 de mayo de 2026, la Fiscalía anunció formalmente que citaría a Redondo y a los demás integrantes de esa comisión por presuntas actuaciones ilegales y excesos en sus atribuciones
Ministerio Público de Honduras
2. Controversia por el recuento electoral de 2025
Una de las investigaciones más relevantes gira alrededor del Decreto Legislativo 58-2025, relacionado con la orden de efectuar un recuento general de los votos de las elecciones de noviembre de 2025.
La controversia surgió porque el decreto contemplaba que el Congreso pudiera asumir el escrutinio si el Consejo Nacional Electoral no lo realizaba.
Sectores jurídicos y políticos cuestionaron la constitucionalidad de esa disposición y las facultades de la Comisión Permanente para intervenir en el proceso electoral. La Fiscalía investiga las circunstancias de su aprobación.
3. Denuncia por presunta administración desleal del patrimonio público
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció a Redondo ante el Ministerio Público por el supuesto manejo irregular de subvenciones, subsidios y ayudas sociales entregadas desde el Congreso Nacional.
La organización señaló que diputados propietarios y suplentes recibieron L314.6 millones durante un año, y cuestionó que el presidente del Legislativo tuviera facultades legales para autorizar esas asignaciones.
La denuncia fue presentada por la presunta comisión del delito de administración desleal del patrimonio público.
4. Cuestionamientos por L824 millones en compras y contrataciones
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un informe sobre la gestión del Congreso Nacional durante 2022-2024.
La investigación señaló deficiencias de transparencia y documentación que impedían verificar adecuadamente el destino de aproximadamente 824 millones de lempiras en compras y contrataciones.
Es importante precisar que esa cifra corresponde a gastos cuyo destino no pudo verificarse suficientemente según el informe, no a un monto judicialmente demostrado como robado por Redondo.
5. Inconsistencias en información sobre fondos gestionados mediante Sedesol
Una investigación periodística publicada en julio de 2025, identificó diferencias entre los listados difundidos por Redondo y los registros de la Secretaría de Desarrollo Social.
Según esa investigación, los datos proporcionados por Sedesol reflejaban L153.8 millones más que los reportados públicamente por Redondo para 2023, además de 16 legisladores omitidos en su listado.
El reportaje también identificó a Redondo entre los congresistas que figuraban en los registros oficiales de gestión de fondos.
6. Denuncia relacionada con un decreto sobre la CICIH
Redondo también fue denunciado ante el Ministerio Público por abogados que cuestionaron la legalidad de una actuación legislativa vinculada con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Los denunciantes alegaron incumplimiento de requisitos legales. Se trata de una acusación presentada ante la Fiscalía, no de una responsabilidad penal establecida.
