Operadores de Estados Unidos han mostrado interés en realizar inversiones en el sector energético hondureño después de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Energética, aseguró este lunes el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez.

El funcionario no detalló cuántas empresas están interesadas, cuáles son, el monto de las posibles inversiones ni los proyectos específicos que estarían evaluando.

Ordóñez sostuvo que cualquier contratación que llegue a concretarse bajo el nuevo marco energético deberá realizarse con transparencia.

LA NUEVA LEY YA ESTÁ EN VIGOR

La Ley de Justicia Energética fue publicada mediante el Decreto 198-2026 en el Diario Oficial La Gaceta del 29 de septiembre de 2026, con lo que entró oficialmente en vigencia.

La normativa había sido aprobada por el Congreso Nacional el 31 de agosto y fue sancionada posteriormente por el Poder Ejecutivo.

Entre sus disposiciones inmediatas establece que durante seis meses no podrá incrementarse la tarifa de energía eléctrica aplicada a los consumidores.

La legislación también introduce cambios en la organización y funcionamiento del sector eléctrico hondureño.

CREAN UN NUEVO OPERADOR DEL SISTEMA

Uno de los cambios establecidos es la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), concebido como una entidad independiente responsable de la operación integrada del sistema eléctrico nacional y de la administración del mercado eléctrico.

Su función será coordinar la operación del sistema y el suministro de energía buscando el menor costo posible.

Es dentro de este nuevo escenario regulatorio que el Gobierno asegura haber comenzado a recibir señales de interés de operadores estadounidenses.

Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado contratos, proyectos concretos ni compromisos de inversión, por lo que el interés comunicado por el Ejecutivo todavía deberá traducirse en propuestas y capital efectivo.

US$177 MILLONES PARA LA RED DE TRANSMISIÓN

Ordóñez también destacó la aprobación de un financiamiento de US$177 millones por parte de CAF para fortalecer la infraestructura eléctrica del país.

El proyecto contempla aproximadamente 150 kilómetros de líneas de transmisión y, según las estimaciones oficiales, beneficiará directamente a unas 865,000 personas.

El financiamiento y el eventual ingreso de nuevos inversionistas forman parte de dos vías distintas para fortalecer el sistema: por un lado, recursos destinados a ampliar la infraestructura de transmisión y, por otro, el capital privado que el Gobierno espera atraer bajo las nuevas reglas.

El próximo punto a observar será si el interés anunciado de los operadores estadounidenses se convierte en proyectos concretos, cuánto capital estarían dispuestos a invertir y bajo qué condiciones se realizarían las contrataciones.