El Ministerio Público emitió orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y el exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, Edis Moncada.

En el caso de Redondo se libró una alerta internacional para que sea capturado en cualquier país donde se encuentre huyendo.

La última vez que se le vio fue en El Salvador junto a su pareja Suyen Muñoz , disfrutando de la Semana Morazánica. Además ha hecho comparecencias televisivas por zoom en medios afines.

La información surge después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra 14 personas, entre exfuncionarios y diputados vinculados con la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo.

El expediente comprende 21 delitos atribuidos al conjunto de los acusados, relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones públicas.

¿DE QUÉ ACUSAN A LUIS REDONDO?

De acuerdo con la información, la Fiscalía atribuye al expresidente del Legislativo cuatro cargos correspondientes a tres tipos de delitos.

Se trata de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos imputaciones por violación de los deberes de los funcionarios.

En el caso del exgerente de la ENAG, Edis Moncada, también existen señalamientos relacionados con presuntas violaciones de los deberes de los funcionarios.

Las acusaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial, en el que corresponderá a la Fiscalía presentar las pruebas y a los imputados ejercer su derecho de defensa.

INVESTIGAN ACTUACIONES DURANTE LA CRISIS ELECTORAL

El caso tiene como antecedente las decisiones adoptadas por la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante la crisis política y electoral posterior a los comicios generales de noviembre de 2025.

Entre los hechos cuestionados figura la iniciativa de realizar un nuevo escrutinio de actas electorales mediante actuaciones legislativas cuya legalidad fue objeto de controversia.

La investigación busca establecer si ese órgano podía ejercer determinadas atribuciones en nombre del pleno del Congreso Nacional y si sus integrantes incurrieron en responsabilidades penales.

La Fiscalía sostiene sus acusaciones en presuntas actuaciones contrarias a la normativa, mientras que representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) han rechazado los señalamientos y denunciado una persecución política.

FISCALÍA SOLICITÓ RESERVA DEL EXPEDIENTE

El jueves 22 de octubre se conoció que el Ministerio Público solicitó mantener bajo reserva el proceso penal.

Melvin Duarte explicó que la jueza natural ya contaba con la documentación del caso y que la solicitud de secretividad podría limitar la divulgación de información sobre las primeras diligencias judiciales.

Hasta esa fecha, abogados de 11 de los 14 imputados habían presentado escritos de comparecencia voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia y solicitado que se fijara la audiencia de declaración de imputado.

Las autoridades deberán desarrollar las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica de los acusados y examinar los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público.

La existencia de un requerimiento fiscal o de una orden de captura no constituye una declaración de culpabilidad. Los señalados mantienen su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

El caso continúa bajo atención pública debido a que involucra a un expresidente del Congreso Nacional, exfuncionarios y legisladores que participaron en decisiones de relevancia institucional.