El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó para este martes 27 de octubre a los principales operadores de justicia y seguridad del país, con el propósito de alcanzar acuerdos sobre un paquete de reformas penales que contempla mayores condenas, allanamientos sin orden judicial previa y nuevas disposiciones para investigar a integrantes de maras y pandillas.

La reunión está programada para las 3:00 de la tarde en el Salón de Retratos del Congreso Nacional, dos horas antes de la sesión legislativa convocada para las 5:00 de la tarde.

Zambrano explicó que el encuentro busca establecer compromisos institucionales para aplicar las reformas que eventualmente sean aprobadas.

CONVOCAN A AUTORIDADES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Entre los funcionarios invitados figuran el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, el ministro de Seguridad, el director de la Policía Nacional, el director de la Agencia Nacional Contra el Crimen, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el director de Inteligencia.

“Todos los operadores de justicia del país, las personas que coordinan, que dirigen estas instituciones están convocados”, manifestó Zambrano.

El titular del Legislativo señaló que el objetivo es coordinar la participación de jueces y fiscales en los procedimientos relacionados con organizaciones criminales.

ALLANAMIENTOS SIN ORDEN JUDICIAL

Uno de los puntos más sensibles del proyecto contempla permitir allanamientos sin autorización judicial previa durante operaciones coordinadas entre instituciones de seguridad y justicia.

Zambrano explicó que estas intervenciones tendrían que desarrollarse como parte de misiones conjuntas y contar con el acompañamiento de un fiscal del Ministerio Público.

“No es un cheque en blanco para la policía que va a querer entrar, no es así”, enfatizó.

El presidente legislativo sostuvo que las medidas están dirigidas contra estructuras criminales identificadas y no contra periodistas, políticos o ciudadanos ajenos a estas actividades.

Sin embargo, el alcance de las facultades propuestas deberá examinarse frente a las garantías constitucionales que protegen la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso.

TATUAJES PODRÍAN UTILIZARSE PARA PRESENTAR REQUERIMIENTOS

Otra disposición establece que los tatuajes alusivos a maras y pandillas podrían considerarse elementos probatorios suficientes para presentar requerimientos fiscales por presunta pertenencia a asociaciones terroristas.

Esta propuesta abre una discusión jurídica sobre la necesidad de demostrar vínculos reales con organizaciones criminales y evitar que las características físicas de una persona sustituyan otras pruebas de participación delictiva.

La presentación de un requerimiento fiscal tampoco equivale a una condena, pues corresponde a los tribunales valorar las pruebas y determinar responsabilidades.

PROPONEN AMPLIAR PENAS Y PLAZOS PROCESALES

El paquete legislativo incluye cuatro modificaciones principales:

Ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales en los casos contemplados por la reforma.

Establecer penas de 20 a 30 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas.

Elevar las condenas a un rango de 30 a 40 años para los cabecillas de estas organizaciones.

Incorporar prisión de por vida para quienes sean condenados por asesinar a operadores de justicia vinculados al combate de estructuras criminales.

Las disposiciones todavía se encuentran en discusión y no deben considerarse vigentes mientras no concluyan los procedimientos legislativos correspondientes.

EL CONGRESO BUSCA UN ACUERDO ANTES DE VOTAR

Zambrano insistió en que las instituciones deben trabajar coordinadamente para fortalecer la persecución penal de las organizaciones criminales.

“El Congreso, el gobierno, las instituciones, trabajando aquí no hay retroceso, aquí no estamos jugando”, expresó.

El encuentro permitirá conocer las posiciones de los operadores de justicia y determinar si existen acuerdos para modificar el dictamen antes de su discusión parlamentaria.

La decisión que adopte el Congreso tendrá implicaciones tanto para la estrategia de seguridad como para las garantías procesales de los ciudadanos, especialmente por las nuevas facultades propuestas en materia de allanamientos, detenciones y presentación de pruebas.