Justicia retoma proceso para quitar definitivamente bienes a “El Tigre” Bonilla
Los juzgados hondureños retomarán el proceso de privación definitiva de dominio sobre bienes vinculados al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
– El procedimiento busca determinar si los bienes relacionados con el exjerarca policial deben pasar definitivamente a manos del Estado, luego de las incautaciones realizadas por el Ministerio Público en 2022.
La nueva diligencia permitirá continuar con el análisis de la situación jurídica del patrimonio vinculado a Bonilla, quien dirigió la Policía Nacional de Honduras y posteriormente enfrentó un proceso penal ante la justicia estadounidense.
EN 2022 LE INCAUTARON 19 BIENES Y PRODUCTOS FINANCIEROS
En junio de 2022, el Ministerio Público ejecutó acciones de aseguramiento sobre 19 bienes muebles, inmuebles y productos financieros relacionados con el exfuncionario policial.
Las medidas formaron parte de las investigaciones patrimoniales desarrolladas después de su extradición a Estados Unidos.
Sin embargo, la incautación inicial no equivale a la pérdida definitiva de la propiedad. Para ello, los tribunales deben resolver el proceso de privación de dominio conforme a la legislación hondureña.
CONDENADO A 19 AÑOS DE PRISIÓN EN ESTADOS UNIDOS
Juan Carlos Bonilla fue extraditado el 10 de mayo de 2022, convirtiéndose en el hondureño número 30 entregado a la justicia estadounidense desde la reforma constitucional que permitió las extradiciones en 2012.
Posteriormente, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York lo sentenció a 19 años de prisión y cinco años de libertad supervisada por cargos relacionados con el narcotráfico.
¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO?
Con la reanudación de las diligencias, los juzgados deberán continuar examinando los elementos presentados para determinar la procedencia de la privación definitiva de dominio.
El procedimiento patrimonial es independiente de la condena penal impuesta en Estados Unidos y requiere una resolución judicial propia en Honduras.
Por ahora, no se ha informado sobre una decisión definitiva respecto a los bienes sometidos al proceso.
