Tela, Atlántida. El temor por su seguridad y la posibilidad de perder sus viviendas mantienen en alerta a cientos de familias de Tela, cuyos representantes denuncian presuntas ocupaciones de propiedades y amenazas en medio de los conflictos territoriales con sectores de comunidades garífunas.

Los afectados aseguran sentirse desprotegidos ante la falta de respuestas de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana y resolver las controversias sobre la propiedad de la tierra.

La situación provocó una protesta el lunes 9 de noviembre en la carretera CA-13, donde pobladores exigieron la intervención del Gobierno central para evitar que las tensiones se conviertan en enfrentamientos.

TEMEN POR SU SEGURIDAD Y LA DE SUS FAMILIAS

Los manifestantes sostienen que algunas familias han enfrentado desalojos, amenazas y ocupaciones de terrenos que consideran de su legítima propiedad.

La organización Defensores de la Paz en Tela (DEPAT) ha denunciado que habitantes de San Juan, Triunfo de la Cruz y otros sectores viven en incertidumbre por las disputas territoriales.

Los pobladores reclaman garantías para permanecer en sus hogares y protección frente a posibles actos de violencia.

EXIGEN INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Durante la movilización, los manifestantes solicitaron la presencia de autoridades nacionales para establecer mecanismos de diálogo y encontrar soluciones legales al conflicto.

La controversia tiene como antecedente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen derechos territoriales colectivos de comunidades garífunas.

Por su parte, representantes garífunas defienden la recuperación de sus territorios ancestrales y también han denunciado amenazas y campañas de intimidación contra sus comunidades.

El principal desafío para las autoridades será garantizar la seguridad de todos los habitantes, investigar las denuncias y resolver las disputas conforme a la ley, respetando tanto los derechos colectivos reconocidos internacionalmente como las garantías legales de terceros.

Mientras no exista una solución institucional, las familias afectadas advierten que continuarán exigiendo protección, seguridad jurídica y respuestas concretas del Estado hondureño.