El Ministerio Público (MP) profundiza las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos detectadas durante la liquidación de varias instituciones estatales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde se identificaron fondos pendientes de justificar y posibles inconsistencias en su administración.

– El coordinador de la Comisión Técnica Liquidadora, Ángel Mendoza, informó que la Fiscalía ha solicitado documentación adicional para identificar a los funcionarios que tuvieron bajo su responsabilidad los recursos y determinar si existen elementos suficientes para presentar requerimientos fiscales.

Los hallazgos fueron documentados durante la revisión administrativa y financiera de las instituciones sometidas al proceso de liquidación.

Según Mendoza, los equipos técnicos encontraron recursos que carecen de la documentación necesaria para acreditar su utilización, además de dificultades para establecer la trazabilidad de determinados fondos.

Los informes fueron trasladados al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), organismos encargados de realizar las investigaciones correspondientes dentro de sus respectivas competencias.

SEDESOL ENTRE LAS INSTITUCIONES CON MAYORES HALLAZGOS

Mendoza señaló que Sedesol figura entre las dependencias donde se identificaron indicios relevantes de posibles responsabilidades por el manejo de recursos públicos.

El funcionario recordó que, durante la administración anterior, también se habían denunciado irregularidades relacionadas con la utilización y el destino de fondos asignados a esa institución.

Sin embargo, aclaró que corresponde a las autoridades investigadoras establecer qué ocurrió con el dinero y determinar si los hallazgos constituyen incumplimientos administrativos o posibles delitos.

La falta de liquidación de recursos públicos implica que no se cuenta con los respaldos necesarios para justificar formalmente su utilización, una situación que requiere revisión para establecer las causas y responsabilidades.

MINISTERIO PÚBLICO SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

El coordinador de la Comisión Liquidadora explicó que la Fiscalía ha enviado varios oficios solicitando documentación complementaria para fortalecer las investigaciones.

Entre la información requerida se encuentran los cargos y funciones de los servidores públicos que participaron en la administración de los fondos, así como los registros que permitan establecer quiénes tenían responsabilidad sobre su manejo.

“Se ha fortalecido la investigación; están requiriendo información para fortalecer estos requerimientos fiscales y presentarlos en las próximas horas”, manifestó Mendoza.

El funcionario indicó que las solicitudes buscan individualizar posibles responsabilidades y sustentar las actuaciones judiciales que eventualmente determine presentar el Ministerio Público.

No obstante, hasta el momento no se han precisado los nombres de los posibles acusados, los montos investigados ni la cantidad de requerimientos fiscales que podrían formularse.

CUESTIONAN FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS

Mendoza consideró preocupante que se detecten fondos públicos sin liquidar mientras el país enfrenta importantes necesidades de inversión en servicios esenciales.

El funcionario mencionó particularmente las demandas existentes en salud, educación e infraestructura, sectores que requieren recursos para atender las necesidades de la población.

También recordó que los responsables de administrar dinero estatal tienen la obligación de documentar su utilización y rendir cuentas ante las instituciones fiscalizadoras.

La Comisión Liquidadora continuará proporcionando la información requerida para contribuir al esclarecimiento de los hallazgos.

¿QUÉ SIGUE EN LAS INVESTIGACIONES?

El Ministerio Público deberá analizar la documentación recibida y determinar si existen indicios suficientes para formular acusaciones penales contra personas específicas.

Por su parte, el Tribunal Superior de Cuentas podrá examinar las posibles responsabilidades derivadas del manejo de los recursos públicos dentro del ámbito de sus atribuciones.

Las investigaciones también deberán establecer si las inconsistencias detectadas corresponden a deficiencias administrativas, incumplimientos de los procedimientos de liquidación o conductas que puedan constituir delitos.