**La ENEE podría perder grandes consumidores que ahora podrán comprar energía directamente a generadores privados.

**La estatal eléctrica registró un déficit de L11,187 millones entre enero y julio de 2026, según la ASJ.

**Deudas y pérdidas podrían generar presiones para incrementar el costo de la electricidad, según el académico Denis Rivera

Por: Misael Colindres |

La apertura del mercado eléctrico a nuevos competidores amenaza con reducir los ingresos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que enfrenta una deuda de 124,458 millones de lempiras, pérdidas de energía superiores al 30 % y un déficit de 11,187 millones de lempiras. La Ley de Justicia Energética permitirá que grandes consumidores compren electricidad directamente a generadores privados, aumentando la presión financiera sobre la estatal.

La entrada en vigor de la Ley de Justicia Energética, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de septiembre de 2026, plantea una transformación del sector eléctrico hondureño. Sin embargo, la nueva legislación encuentra a la estatal en una situación financiera que limita su capacidad de inversión y operación.

El escenario plantea una interrogante fundamental: ¿podrá la ENEE recuperar su estabilidad financiera mientras pierde ingresos y se prepara para competir con nuevos actores del mercado?

El docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y experto en temas de energía, Denis Rivera, advierte que el problema de fondo no es únicamente el tamaño de la deuda, sino la ausencia de resultados suficientes para combatir el robo de electricidad, recuperar la mora y garantizar que la empresa pueda sostener sus operaciones.

La deuda acumulada de la ENEE pasó de 113,571 millones de lempiras en noviembre de 2025 a 124,458 millones en junio de 2026, es decir que en apenas siete meses, el endeudamiento aumentó aproximadamente 10,887 millones de lempiras.

En mayo de 2026, los pasivos reportados comprendían 73,438 millones de lempiras en deuda interna y externa de largo plazo, además de 20,671 millones en compromisos de corto plazo. A esas obligaciones se sumaban 18,940 millones de lempiras pendientes con generadores de energía.

No obstante, durante el segundo semestre se registró una reducción importante en este último componente.

El endeudamiento incluye obligaciones con instituciones financieras, generadores privados y otros acreedores.

El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, informó en octubre que la deuda con generadores había disminuido a aproximadamente 7,400 millones de lempiras, después de pagos superiores a 9,000 millones realizados desde abril.

La reducción representa un alivio para los proveedores de electricidad, pero no necesariamente significa una disminución equivalente del endeudamiento total de la estatal.

Parte del financiamiento utilizado para atender obligaciones se ha obtenido mediante colocaciones de bonos, lo que plantea la necesidad de evaluar cómo evolucionan los compromisos financieros de la empresa.

NEGOCIO QUE SIGUE GENERANDO PÉRDIDAS

Uno de los principales problemas de la ENEE es que una proporción considerable de la energía que compra o produce no se convierte en ingresos efectivos.

Las pérdidas incluyen fallas técnicas en las redes de transmisión y distribución, conexiones clandestinas, manipulación de medidores y otras irregularidades que impiden facturar correctamente la electricidad consumida.

Al cierre de 2025, las pérdidas de energía se situaban alrededor del 35 %, mientras que durante el primer trimestre de 2026 se reportó un indicador de 32.1 %.

Aunque esa variación muestra una reducción, significa que aproximadamente una tercera parte de la energía continúa perdiéndose antes de convertirse en ingresos para la empresa.

Los cálculos publicados sobre el desempeño financiero de 2025 sitúan las pérdidas económicas en aproximadamente 21,429.7 millones de lempiras. Para el primer trimestre de 2026 se reportaron pérdidas por 4,048.59 millones. Estas cifras corresponden a indicadores económicos y operativos distintos, por lo que no deben confundirse con el monto de la deuda acumulada.

El impacto, sin embargo, es evidente: la ENEE necesita recursos para pagar electricidad, mantener infraestructura y atender préstamos, mientras una parte significativa de la energía suministrada no genera ingresos.

DÉFICIT DE L11,187 MILLONES EN SIETE MESES

El desequilibrio financiero también se refleja en la diferencia entre ingresos y gastos.

De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre enero y julio de 2026 la ENEE acumuló un déficit de 11,187 millones de lempiras.

Durante ese período, los ingresos por venta de electricidad alcanzaron 21,650 millones, frente a gastos por 32,837 millones.

La diferencia evidencia que la facturación eléctrica resultó insuficiente para cubrir las obligaciones registradas durante esos siete meses.

El mismo informe contabilizó 8,469 millones de lempiras asociados a pérdidas de energía.

Para atender el desequilibrio financiero, el Estado recurrió a instrumentos de endeudamiento. Según los datos recopilados, durante 2026 se reportó una colocación de bonos por 10,250 millones de lempiras para financiar el déficit.

Por otra parte, la ENEE informó que desde el 19 de mayo había colocado 13,227 millones de lempiras en bonos.

Estas cantidades corresponden a referencias de distinto alcance y no deben sumarse automáticamente.

El problema estructural permanece: mientras los gastos continúen superando los ingresos, la empresa necesitará mejorar su recaudación, reducir costos o recurrir a nuevas fuentes de financiamiento.

NUEVA LEY CAMBIA REGLAS DEL MERCADO ELÉCTRICO

En medio de esta situación entró en vigor la Ley de Justicia Energética, contenida en el Decreto Legislativo 198-2026.

La normativa introduce cambios en la Ley General de la Industria Eléctrica y establece nuevas condiciones para la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.

Uno de sus principales componentes es la reorganización de la ENEE mediante la separación de actividades y la creación de una nueva estructura empresarial.

La legislación también permite una mayor participación de generadores, comercializadores y consumidores calificados en el mercado eléctrico.

Asimismo, establece el Operador del Sistema y del Mercado (OSM), una entidad independiente encargada de coordinar la operación del sistema interconectado nacional y administrar el mercado.

El objetivo declarado de la reforma es promover eficiencia, competencia, inversión y mejores condiciones para el suministro eléctrico.

Sin embargo, la transformación plantea desafíos para una empresa estatal que todavía enfrenta altos niveles de pérdidas y obligaciones financieras.

GRANDES CONSUMIDORES DEJARIAN DE COMPRAR ENERGÍA A LA ENEE

Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Denis Alberto Rivera, uno de los mayores riesgos de la reforma está relacionado con la posibilidad de que los grandes consumidores adquieran electricidad directamente de generadores privados.

El académico señaló que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) ha establecido condiciones para que consumidores con demandas superiores a 400 kilovatios puedan participar en este esquema.

Esta apertura podría permitir que industrias y otros usuarios de alto consumo negocien directamente sus contratos de suministro.

Desde la perspectiva de Rivera, la medida representa un desafío para la ENEE porque podría reducir sus ingresos por venta de electricidad si algunos de sus principales clientes optan por otros proveedores.

En ese escenario, la estatal tendría que depender en mayor medida de los cobros por el uso de las redes de transmisión y distribución.

El docente cuestiona si los ingresos por esos peajes serían suficientes para financiar el mantenimiento, la operación y las inversiones que necesita la infraestructura eléctrica nacional.

La apertura del mercado no implica necesariamente que todos los grandes consumidores abandonarán a la ENEE, pero introduce una competencia que obligará a la empresa a mejorar su eficiencia y sus condiciones comerciales.

LA ENEE DEBERÁ COMPETIR MIENTRAS SIGUE PAGANDO DEUDAS

Rivera también advierte que la estatal enfrenta dificultades para competir debido a sus compromisos financieros y a las condiciones en que adquiere electricidad.

Uno de los aspectos señalados es la compra de energía en el mercado de oportunidad, donde los precios pueden elevarse cuando la generación depende de combustibles de mayor costo, como el diésel.

El académico cuestiona que la ENEE deba realizar pagos por estas compras mientras mantiene obligaciones pendientes con generadores contratados. A su juicio, esta situación puede afectar la confianza de inversionistas interesados en participar en nuevas licitaciones de generación.

También considera que la empresa enfrenta limitaciones para comercializar parte de su generación hidroeléctrica debido a los compromisos legales existentes con su propia actividad de distribución.

Se trata de una interpretación del docente sobre las restricciones que podría enfrentar la estatal durante su reorganización.

EL ROBO DE ENERGÍA SIGUE SIN RESOLVERSE

El hurto de electricidad constituye uno de los principales cuestionamientos planteados por Rivera.

El docente sostiene que la recuperación financiera de la ENEE requiere una estrategia efectiva para identificar conexiones ilegales, combatir la manipulación de medidores y recuperar los ingresos que actualmente se pierden.

También cuestiona que la empresa todavía no haya presentado resultados suficientes para demostrar una reducción sostenida del consumo fraudulento.

Rivera considera que la instalación de medidores y la modernización de los sistemas de facturación son medidas necesarias y obligaciones de la ENEE, pero insuficientes si no están acompañadas de investigaciones y acciones legales.

Por ello, plantea que las autoridades deben identificar a los responsables del robo de electricidad y promover los procedimientos correspondientes ante el Ministerio Público (MP).

El académico también insiste en la importancia de garantizar mediciones reales del consumo y evitar cobros basados en promedios injustificados.

Desde su perspectiva, la recuperación de ingresos debe combinar tecnología, controles operativos, acciones judiciales y una política transparente de cobranza.

GERENCIA PLANTEA RECUPERACIÓN EN DOS AÑOS

El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, ha planteado que la empresa podría comenzar a mostrar señales de recuperación financiera en un plazo de dos años.

Entre las medidas mencionadas figuran el combate al hurto de electricidad y la instalación de sistemas de telemedición.

Estas herramientas permiten registrar y supervisar consumos a distancia, detectar anomalías y mejorar los procesos de facturación.

Rivera, sin embargo, considera que los resultados dependerán de que la tecnología se traduzca en una reducción efectiva de pérdidas y en mayores ingresos.

Para el docente, el éxito de la estrategia deberá medirse mediante indicadores verificables, como la disminución del porcentaje de energía perdida, la recuperación de mora y la reducción del endeudamiento.

TARIFAS CONGELADAS, PERO EL COSTO DE LA CRISIS PERSISTE

La Ley de Justicia Energética establece que la tarifa eléctrica aplicada al consumidor no podrá incrementarse durante seis meses desde la entrada en vigencia de la normativa. El Congreso Nacional podrá prorrogar esa protección por otros seis meses.

La disposición representa un alivio temporal para hogares y empresas, pero no elimina los costos financieros que enfrenta la ENEE.

Rivera advierte que, si el endeudamiento y las pérdidas continúan creciendo, eventualmente podrían surgir presiones para trasladar mayores costos a los consumidores.

Como escenario hipotético, el académico mencionó que las tarifas podrían alcanzar entre 10 y 11 lempiras por kilovatio-hora si los problemas estructurales no se corrigen. Cabe aclarar que esa estimación corresponde a una advertencia del docente y no constituye una tarifa aprobada ni una proyección oficial de la CREE.

El congelamiento tampoco significa que todos los abonados pagarán exactamente el mismo monto cada mes, ya que el valor de la factura depende, entre otros factores, de la cantidad de electricidad consumida.

CONDONACIÓN DE DEUDAS Y PROTECCIÓN A LOS USUARIOS

La nueva legislación también contempla un régimen especial de condonación de deudas para determinados consumidores residenciales de bajo consumo.

El beneficio está dirigido a usuarios que cumplan los requisitos establecidos en la ley, entre ellos las condiciones relacionadas con un consumo promedio mensual de 250 kilovatios-hora. La condonación puede incluir saldos pendientes, intereses, multas y recargos.

No obstante, los beneficiarios deberán presentar una solicitud ante la ENEE y someterse a verificaciones del historial de consumo y de las condiciones del servicio.

La medida busca aliviar la carga económica de familias de bajos ingresos y facilitar su regularización.

Al mismo tiempo, plantea la necesidad de distinguir entre usuarios que reúnen las condiciones legales para recibir el beneficio y situaciones relacionadas con consumo fraudulento.

CONGRESO EXIGE UN PLAN PARA PAGAR LA DEUDA HISTÓRICA

La Ley de Justicia Energética establece una obligación específica para enfrentar el problema del endeudamiento.

La ENEE deberá informar al Congreso Nacional, en un plazo de 120 días desde la vigencia de la normativa, sobre su deuda histórica.

Además, junto con la Secretaría de Finanzas, deberá presentar información relacionada con la implementación de un plan estratégico para atender esos compromisos.

Este proceso será relevante para conocer cómo pretende el Estado enfrentar las obligaciones acumuladas sin comprometer la sostenibilidad financiera de la empresa.

También permitirá evaluar si los pagos realizados a generadores, la colocación de bonos y las medidas de recuperación de ingresos forman parte de una estrategia integral.

EL VERDADERO DESAFÍO: RECUPERAR INGRESOS Y EVITAR MÁS ENDEUDAMIENTO

La crisis de la ENEE no puede explicarse únicamente por el monto de su deuda.

El problema combina pérdidas de energía, dificultades de recaudación, compromisos financieros, costos de generación y necesidades de inversión en infraestructura.

La Ley de Justicia Energética modifica las reglas del sector y establece una nueva organización institucional, pero sus resultados dependerán de la capacidad de las autoridades para ejecutar las reformas.

La reducción del robo de electricidad, el fortalecimiento de la facturación, el pago ordenado de las obligaciones y la mejora del servicio serán factores determinantes.

Para Rivera, sin avances verificables en estas áreas, la empresa continuará enfrentando dificultades para competir y garantizar electricidad a precios accesibles.

La pregunta que queda abierta es si la transformación del mercado eléctrico permitirá sanear a la estatal o si la ENEE seguirá acumulando obligaciones mientras intenta adaptarse a un escenario de mayor competencia.