Educación detecta irregularidades financieras en centros escolares de Cortés y exige cuentas a 780 instituciones
Un total de 780 centros educativos del departamento de Cortés mantienen pendientes sus liquidaciones financieras, algunas correspondientes a recursos administrados desde 2024, situación que llevó a la Dirección Departamental de Educación a establecer el próximo 30 de noviembre como fecha límite para presentar la documentación que justifique el manejo de los fondos.
– Entre las anomalías detectadas figuran depósitos de dinero aportado por estudiantes en cuentas bancarias personales de directores, facturas por servicios cuya ejecución no ha podido verificarse y comprobantes que carecen de los requisitos fiscales correspondientes.
El director departamental de Educación en Cortés, Rafael Rodríguez, informó que las revisiones administrativas han identificado inconsistencias en distintos establecimientos escolares, incluidos algunos de los principales institutos públicos de San Pedro Sula.
Entre los centros mencionados por el funcionario figuran el Instituto José Trinidad Reyes y el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae).
Las observaciones están relacionadas con la administración de recursos y la falta de documentación suficiente para acreditar determinados gastos.
FONDOS DE ESTUDIANTES EN CUENTAS PERSONALES
Uno de los hallazgos que señaló Rodríguez corresponde al manejo de dinero recaudado mediante el Trabajo Educativo Social (TES), programa en el que participan estudiantes como parte de sus actividades académicas.
Según el funcionario, durante las investigaciones se identificaron casos en los que recursos entregados por alumnos fueron depositados en cuentas bancarias particulares de directores de centros educativos.
Esta práctica genera cuestionamientos sobre la transparencia y los mecanismos de control utilizados para administrar los fondos.
La Dirección Departamental busca establecer cómo se utilizaron esos recursos y si existen documentos que permitan comprobar que fueron destinados a las actividades educativas correspondientes.
Sin embargo, la información divulgada no precisa los montos depositados en cuentas personales ni identifica a los funcionarios involucrados en cada caso.
FACTURAS DE CHAPEO, COMIDA Y GASTOS SIN RESPALDO
Las revisiones también encontraron inconsistencias en comprobantes presentados para justificar trabajos de mantenimiento de instalaciones educativas.
Rodríguez mencionó facturas relacionadas con labores de chapeo y limpieza de áreas verdes que no permiten comprobar que los servicios fueron efectivamente realizados.
Asimismo, se detectaron recibos por alimentación y compra de comida que, según el funcionario, no corresponden a los renglones presupuestarios autorizados.
Otra de las observaciones está relacionada con facturas que carecen del Código de Autorización de Impresión (CAI), requisito utilizado para verificar la autorización fiscal de determinados comprobantes.
La ausencia de documentación adecuada dificulta comprobar la legalidad y el destino de los gastos reportados.
No obstante, estas inconsistencias administrativas no constituyen por sí solas una demostración de apropiación indebida de recursos. Para establecer eventuales responsabilidades será necesario examinar los expedientes y determinar la naturaleza de cada irregularidad.
JOSÉ TRINIDAD REYES E INTAE ENTRE LOS CENTROS OBSERVADOS
El director departamental confirmó que el Instituto José Trinidad Reyes y el Intae, ambos ubicados en San Pedro Sula, se encuentran entre los establecimientos con observaciones administrativas.
Sin embargo, no detalló cuáles de las irregularidades identificadas corresponden específicamente a cada institución ni los montos financieros involucrados.
Tampoco se ha informado si los hallazgos han sido remitidos a organismos fiscalizadores o al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades.
Por ello, resulta necesario diferenciar entre los centros que únicamente tienen liquidaciones pendientes y aquellos en los que se han identificado inconsistencias concretas en el manejo de recursos.
PLAZO VENCE EL 30 DE NOVIEMBRE
La Dirección Departamental de Educación estableció el lunes 30 de noviembre de 2026 como fecha límite para que los 780 centros educativos presenten las liquidaciones y los documentos de respaldo correspondientes.
La medida busca actualizar los registros financieros y determinar si los recursos recibidos fueron utilizados para los fines previstos.
Las liquidaciones permiten verificar ingresos, egresos y comprobantes relacionados con la administración de fondos destinados al funcionamiento de las instituciones.
En algunos casos, los pendientes se remontan a 2024, lo que evidencia retrasos de hasta dos años en la presentación de cuentas.
La autoridad educativa no precisó qué medidas administrativas se aplicarán a los establecimientos que incumplan el plazo.
Una vez recibida la documentación, corresponderá a las autoridades revisar los comprobantes y establecer cuáles observaciones pueden subsanarse y cuáles requieren investigaciones adicionales.
En los casos donde se identifiquen indicios de posibles delitos, los expedientes podrían ser trasladados a las instituciones competentes para determinar responsabilidades, conforme a los procedimientos legales.
La revisión también permitirá conocer el monto total de los recursos pendientes de liquidación, una cifra que todavía no ha sido divulgada.
