La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó requerimiento fiscal en contra de un diputado, cuatro exdiputados, dos representantes legales y dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y cinco particulares.

Se trata de Alberto Chedrani Castañeda (actual parlamentario), José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino (exparlamentarios), a quienes conforme a las investigaciones efectuadas en el periodo comprendido entre los años 2013-2017 se les vincula a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con las ONG’s Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).

Asimismo, están involucrados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO), Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya (éstos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre).

Las imputaciones contra Chedrani Castañeda y León Rojas son por fraude y lavado de activos y en el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude.

En tanto, a Palma Sánchez y Flamenco Ramírez por fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos, a Ham Guzmán, Cásula Laínez, Rodríguez Lagos, Osorto Guevara y Flores Montoya por encubrimiento por receptación agravado y a Núñez Rodas y Sabillón Rodas por falsificación de documentos.

Según la relación de hechos, los investigados se coludieron para crear las ONG’s OLICODE y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, mismos que solo se ejecutaron en un cinco por ciento aproximadamente y de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.

Cabe señalar que, desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONG’s se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades, puesto que además del hecho que los cinco encausados se valieron de su cargo como diputados para drenar recursos estatales, los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el caso del Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

Además, se determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de la ONG’s el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como es el caso de Chedrani Castañeda quien percibió 19 depósitos que sumaron más de 2.9 millones o Ramos Soto que fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.

En razón de todo ello, la UFERCO ha interpuesto el escrito de acusación ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siguiendo el procedimiento que establece la norma procesal penal cuando alguno de los sindicados es alto funcionario del Estado.