Los presidentes de Argentina, de Bolivia, de México y de Colombia, denunciaron, en una declaración de apoyo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que el juicio oral que se sigue contra la dirigente política por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su gestión como presidenta del país (2007-2015) es una «injustificable persecución judicial».

La Presidencia de Argentina dio a conocer el comunicado que firmaron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Bolivia, Luis Arce; de Colombia, Gustavo Petro; y de México, Andrés Manuel López Obrador.

El texto indica que la «persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal».

«El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años el poder judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido», indicó la declaración.

Los mandatarios indicaron que en el juicio oral que se ventila contra Fernández de Kirchner en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) se ha vulnerado el derecho a la defensa de la dirigente política y rechazaron «las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política».

«Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos», añadió el texto de los mandatarios.

El fiscal federal Diego Luciani solicitó el 22 de agosto pasado ante el TOF2 una condena para Fernández de Kirchner a 12 años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos.

La expresidenta argentina ha rechazado las acusaciones y dijo la víspera que se trata de un juicio al peronismo (Partido Justicialista) y a los gobiernos populares.

En el juicio oral se ventilan presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (sur) y, de acuerdo con la Fiscalía, el perjuicio para el Estado argentino ascendería a 5.321 millones de dólares (unos 38,9 millones de dólares).

En la causa también están acusados el empresario Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.

Todos están acusados del presunto delito de asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del supuesto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, y del pago de sobreprecios e incumplimientos en la realización de las obras.

La vicepresidenta argentina aseguró el martes que «nada, absolutamente nada de lo que dijeron, fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados».

Tras el alegato del fiscal Luciani realizado el 22 de agosto, el TOF2 dispuso un cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre próximo, cuando comenzará la etapa de los alegatos de las defensas.

En ese marco, el Gobierno argentino ha expresado su «solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos». (Xinhua)