La controversia que ha generado la decisión de congelar las tarifas de los peajes en 2023 generó la preocupación de los concesionarios e inversionistas por el riesgo financiero que representa para los proyectos.
Por ello, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) expresó sus reparos por el impacto que podría tener la medida.

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El gremio aseguró que el decreto 050 de 2023, que establece no incrementar las tarifas de los peajes a cargo del Invías y la ANI, no solo corresponden a un “cambio intempestivo en las reglas de juego en un negocio de largo aliento”, sino que también “causa un desequilibrio económico de los contratos”, esto, según la CCI, porque las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas.

La Cámara de la Infraestructura destacó que el pago de peajes es la columna vertebral financiera de estos proyectos concesionados, pues se soportan en este recaudo como pago por las inversiones realizadas, y que dado el congelamiento de las tarifas, y que el Estado deberá compensar a todos los proyectos por medio del Fondo de Contingencias.

Según se estima, las concesiones dejarían de recibir alrededor de $1 billón durante 2023 por el cambio en las tarifas que se definió desde el Gobierno.

Además, la CCI evidenció que esta decisión también tendrá repercusiones a futuro, pues las tarifas reales de cada año serán entonces menores a las previstas en la estructuración de los proyectos.

El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, se refirió durante la rueda de prensa organizada por la agremiación a que en las Iniciativas Privadas (IP) existe además un riesgo de que los concesionarios deban anticipar la entrega de las concesiones al Gobierno por desbalance financiero que resultará de esta situación.

Valer recordar que las IP se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes y no reciben otro tipo de recursos, como vigencias futuras del Gobierno y dicho recaudo se constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura.

“En este caso, el Estado tendría que reconocer, adicionalmente, las inversiones realizadas y, además, tendría que finalizar las obras y administrar, operar y mantener las vías”, dijo Caicedo.

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Otro punto que tocó el dirigente gremial es que no solo será el Gobierno, sino también los colombianos, ‘incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas’ quienes terminarán respondiendo, a través de impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos.

Adicionalmente, se habló del impacto en materia de seguridad jurídica y por consiguiente en la incertidumbre sobre los inversionistas y financiadores. La CCI hizo un llamado a preservar la confianza ‘en pro del desarrollo y modernización de la infraestructura nacional’.

Cifras de la agremiación destacan que en los últimos 27 años se han intervenido más de 10.000 km de vías en el país por medio del modelo de concesiones, además de 1.111puentes y viaductos y 80 túneles.

La primera generación de concesiones (1G) se desarrolló entre 1993 y 1997, y comprendió la suscripción de 11 contratos para la rehabilitación y ampliación de 1.649 km.

Con la segunda generación (2G), se intervinieron por medio de dos contratos 470 km, mientras que la tercera generación de concesiones (3G) comprendió 12 contratos de concesión para intervenir 3.557 km de carreteras.

El programa 4G, que actualmente continúa en ejecución, conllevó la suscripción de 30 contratos y la intervención de 5.000 km de vías, y además, la CCI destaca los 15 proyectos multimodales de la primera ola de 5G, fundamentales para el desarrollo a mediano plazo.(portafolio.co)