El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó hoy un informe en el que señala que la ley de amnistía aprobada al inicio del gobierno por el Congreso Nacional, sirvió para desestimar casos de corrupción.

El informe que trata sobre derechos humanos y prácticas de los países durante el 2022.

El informe señala que “hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción”.

El pasado 2 de febrero de 2022 el Congreso Nacional

aprobó una ley de amnistía política denominada «Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan».

La misma incluye, entre otras, la absolución de delitos penales, tales como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.

Algunos nombres de beneficiados son Marcelo Chimirri, Enrique Flores Lanza y Roberto Padilla Sunceri.

Sección 4. Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno

La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental.

El 2 de febrero, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09). Hasta octubre, al menos 24 acusados ​​utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción.

El 1 de marzo, el Congreso Nacional derogó la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como Ley de Secretos. La sociedad civil había criticado la ley por limitar la transparencia y permitir que los funcionarios utilizaran la clasificación de documentos para ocultar la corrupción.

Corrupción:  El 10 de junio, Marco Bográn, exdirector de INVEST-H, la entidad gubernamental encargada de realizar contratos de alivio de la pandemia de COVID-19 con empresas privadas, fue declarado culpable de fraude agravado y condenado a más de 10 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 1.475 millones de lempiras ($58,7 millones). El tribunal lo absolvió de los cargos de violación de deberes oficiales y fraude, pero el Ministerio Público apeló el fallo el 25 de julio.

El 6 de septiembre, el Ministerio Público acusó al exministro de Gestión de Riesgos y Contingencias de la Nación, Gabriel Rubí, y a otros dos funcionarios de gobierno por fraude y violación de deberes oficiales por la compra de casi seis millones de lempiras ($239,000) en 2020 de un hospital móvil y COVID-19. unidad de aislamiento que era sólo una tienda de campaña. Un tribunal inferior desestimó provisionalmente el cargo de fraude de Rubí el 20 de septiembre y el Ministerio Público apeló la decisión.

La exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo fue declarada culpable de fraude y malversación de fondos públicos durante un nuevo juicio el 17 de marzo. El 21 de septiembre, el tribunal la condenó a más de 14 años de prisión y le ordenó pagar una multa de más de 13 millones de lempiras ($518,000).

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