El Estado de Honduras comparece este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia temática centrada en la independencia judicial y la aplicación de los juicios políticos, un mecanismo que en los últimos meses derivó en la destitución de varios altos funcionarios del Estado.

La audiencia fue solicitada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que buscan exponer ante la Comisión sus preocupaciones sobre la separación de poderes, la carrera judicial, la estabilidad de jueces y magistrados y las garantías institucionales en Honduras.

Entre las organizaciones peticionarias figuran Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), CEJIL, ERIC-SJ y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

En respuesta a la convocatoria, el Gobierno hondureño optó por no enviar una delegación presencial a Washington. En su lugar, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Congreso Nacional presentarán un documento escrito en el que sostienen que los juicios políticos se desarrollaron conforme a la Constitución, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de los funcionarios involucrados.

El Estado argumenta que estos mecanismos constituyen herramientas legítimas de control político previstas en el ordenamiento jurídico y no actos de persecución, sino procedimientos dirigidos a establecer responsabilidades de funcionarios que, según su posición, comprometieron la institucionalidad democrática durante el proceso electoral de 2025.

El procurador general Dagoberto Aspra explicó que la decisión de comparecer por escrito responde a una estrategia jurídica orientada a resguardar elementos de defensa ante una eventual demanda internacional que pudiera presentarse en el futuro.

Durante la sesión se prevé que se analicen aspectos relacionados con la carrera judicial, las destituciones de jueces y magistrados, los juicios políticos aprobados por el Congreso Nacional y las implicaciones que estas medidas podrían tener sobre la independencia del Poder Judicial.

La audiencia forma parte de los mecanismos ordinarios de supervisión de la CIDH y permitirá que ambas partes expongan sus argumentos en un debate que mantiene abiertas posiciones encontradas sobre el alcance de los juicios políticos y el equilibrio entre el control democrático y la independencia de las instituciones en Honduras.