La Corte Suprema de Brasil ha imputado hasta ahora a 1.176 de los acusados de participar en los actos golpistas del pasado 8 de enero, cuando miles de partidarios del expresidente brasileño y líder ultraderechista Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe de Estado contra su sucesor, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

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El número fue alcanzado en la medianoche del lunes, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) concluyó el análisis virtual de las denuncias de la Fiscalía contra otros 131 de los acusados y consideró que eran procedentes y que les abrirá juicio penal, informó este martes la máxima corte del país.

La apertura de los procesos fue aprobada por 8 de los 10 magistrados que integran el tribunal. Los únicos que divergieron fueron Kassio Nunes Marques y André Mendonça, cuyo nombramiento fue por indicación del entonces presidente Bolsonaro (2019-2022).

La Corte Suprema iniciará el miércoles el análisis de las acusaciones contra el séptimo y último grupo de entre los 1.390 denunciados formalmente por la Fiscalía por participar en la intentona golpista.

Una vez concluido este proceso, la máxima corte iniciará los procesos con la recolección de las pruebas, la convocatoria de los testigos y la lectura de las alegaciones de defensa y acusación.

De los 1.176 imputados, 951 fueron incluidos en un proceso por asociación para delinquir e incitación pública contra las Fuerzas Armadas y los poderes constitucionales por haber participado en los campamentos que los bolsonaristas montaron frente al cuartel general del Ejército para pedir un golpe de Estado y desde el que partieron los asaltos del 8 de enero.

Los otros 225, considerados como autores intelectuales y ejecutores de los asaltos, responden por los delitos de asociación para delinquir, abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado y daños al patrimonio público.

Uno de los investigados en este grupo es el propio Bolsonaro, quien el 8 de enero estaba en Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de terminar su mandato para evitar entregarle el poder a Lula, pero figura como sospechoso de «incitar» a sus seguidores.

Bolsonaro, quien perdió los fueros al dejar el poder, es investigado en una veintena de procesos por abusos de poder, entre otros cargos, en causas que tramitan en la Justicia ordinaria, el Supremo y en tribunales electorales.

El 8 de enero, ocho días después de la toma de posesión de Lula, miles de seguidores del Bolsonaro, líder de una ultraderecha que no reconoció el resultado de los comicios de octubre pasado, asaltaron los tres poderes de la Nación en un claro intento de derrocar al dirigente progresista.

Las autoridades llegaron a detener a unas 2.000 personas por la intentona golpista, pero en la actualidad permanecen en prisión menos de 300 y el resto aguarda el proceso en libertad, aunque con diversas medidas cautelares. (swissinfo.ch)

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