El Gobierno conservador británico ha afirmado este martes que «crecerá el daño a la sociedad» si no actúa «con decisión» para reducir la llegada de inmigrantes por vías ilegales, al defender su plan de enviar a Ruanda a posibles solicitantes de asilo.

El secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, compareció en la Cámara de los Comunes para responder a una pregunta urgente del Partido Laborista, que cuestiona la viabilidad y el coste de la polémica estrategia del Ejecutivo.

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«Los volúmenes y costos asociados con la migración ilegal han aumentado exponencialmente, impulsados por la llegada de pequeños botes» por el canal de la Mancha, que separa a Francia de Inglaterra, ha declarado el político.

«A menos que actuemos con decisión para detener a estos barcos, el coste para el contribuyente y el daño a la sociedad seguirán creciendo», añadió.

Jenrick dijo que, según la «evaluación del impacto» del plan ruandés publicada ayer por el ministerio del Interior, los costes de hospedar a los «inmigrantes ilegales» mientras se tramitan sus solicitudes de asilo se han multiplicado desde 2020 y, si se mantiene la tendencia, podrían llegar a 11.000 millones de libras anuales en 2026 (12.790 millones de euros).

Sostuvo que, solo con que el proyecto de ley de Migración ilegal -que contempla el envío a terceros países de los potenciales refugiados para tramitar su caso- tenga un efecto de disuasión del 2 %, se conseguiría un ahorro respecto a la situación actual.

«La evaluación de impacto publicada ayer deja claro que la inacción no es una opción», apostilló.

Sin embargo, la portavoz de Inmigración laborista, Yvette Cooper, calificó de «basura» el informe de Interior y de «aún menos coherente» la intervención del secretario de Estado.

Cooper apuntó que, de acuerdo con esa «evaluación», el coste de la deportación a Ruanda será de 169.000 libras por persona (195.000 euros), lo que, en base a las llegadas en los doce meses hasta marzo, sumaría más de 12.000 millones de libras (13.950 millones de euros) anuales, muy por encima de los 3.600 millones (4.187 millones de euros) que se invierten en el sistema de procesamiento en el Reino Unido.

El Parlamento británico analiza en estos momentos el proyecto de ley, mientras el Gobierno espera en los próximos días un dictamen de la Justicia británica sobre la legalidad de su plan, después de que en junio de 2022 el Tribunal europeo de derechos humanos bloqueara el despegue del primer vuelo a Kigali. (lavanguardia)

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