Con la finalidad de brindar respuesta a un delito sexual ocurrido en el año 2014 en la zona norte del país, agentes de la Dirección Policial de Investigaciónes(DPI), le dieron captura a un individuo en quién recae una orden judicial por los delitos de violación, actos de lujuria y robo.

En la Residencial Los Tolupanes, municipio de Villanueva, departamento de Cortés, agentes de la DPI con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria(DNPSC), luego de un inmediato y eficaz trabajo investigativo lograron la ubicación y captura del supuesto agresor.

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El capturado es un guardia de seguridad, de 34 años, originario del municipio de Victoria, Yoro y residente en la misma localidad donde fue requerido.

Antecedentes
El día 24 de noviembre del 2014, la menor Mariela Marina Coca de 11 años salió a comprar unas pastillas para su sus hermanos que estaban enfermos, pero en el camino cuando resgresaba fue interceptada por el sospechoso quién abusó sexualmente de ella y posteriormente le quitó la estranguló con la misma ropa que andaba la menor.

Al ver que la menor se tardaba su madre decidió ir a buscarla, encontrandola en unos matorrales ya casi sin vida, por lo que pidió auxilio a un vecino para trasladar a la niña a un centro asistencial, pero ua la menor no tenia signos vitales.

Al tener conocimiento del repudiable hecho, un equipo de agentes especializados comenzarón a realizar las diligencias investigativas, logrando recabar pruebas técnicas, científicas y testificales que deducen responsabilidad al imputado.

Por lo anterior, autoridades del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés solicitarón su formal captura en fecha 30 de agosto 2016, por la comisión de los delitos de violación, actos de lujuria y robo en perjuicio de testigos protegidos.

Es importante mencionar que, el ahora capturado según el archivo criminal de la Policía Nacional, fue detenido en 2009 por los delitos de homicidio, violación y robo.

Por lo tanto, funcionarios policiales trasladaron al imputado ante las autoridades competentes del Ministerio Público, para que responda por el delito contra la vida que se acusa.

Autoridades de la DPI reiteran su compromiso en seguir trabajando en la lucha contra la violencia y garantizar el derecho a la vida de los menores y de esta manera reducir los índices de impunidad en el país.