El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), en audiencia inicial obtuvo auto de formal procesamiento en contra de tres exdiputados acusados por el delito de fraude en el caso relacionado a la sustracción de más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional.

La imputación es contra los congresistas Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz. Un juez en criminalidad organizada y corrupción les dictó medidas distintas a la prisión preventiva, debiéndose los imputados presentarse cada 15 días a un Tribunal y la prohibición de salir del país.

En este expediente también figuran los excongresistas Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara, además del representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez, a quienes el 16 de diciembre de 2023 se les dictó el auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por el delito de fraude.

De acuerdo al requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados a través del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs; no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos congresistas que tramitaron los recursos y a otros diputados.

Según fiscales del Circuito Anticorrupción, parte de los fondos también eran desembolsados a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.

Asimismo, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación que eran para ser ejecutados en proyectos u obras de desarrollo social.

El origen y giro de los recursos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH, dinero que se acreditó en un periodo de seis meses.

Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se auto acreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre ellos la de los exdiputados acusados; mientras tanto, el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.

El Ministerio Público en su lucha frontal contra la corrupción y la criminalidad organizada en sus distintas manifestaciones, reitera que continuará trabajando para dar golpes certeros a este flagelo que tanto mal hace al pueblo hondureño.