Tegucigalpa, Honduras-Luis Javier Santos, Jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) manifestó que en la administración pasada “trituro” documentos de la Casa Presidencial que eran cruciales para investigaciones, y que quienes lo hicieron están incurriendo en un delito penal.

Por lo anterior Santos expresó que: “Incurre en delito el funcionario que haga esto, y es que los funcionarios tienen que tener claro que la documentación no les pertenece a ellos ni es documentación de una administración, es documentación del Estado”.

“Estas personas que tenían bajo custodia esta documentación tenían la obligación legal de entregarla bajo inventario a los nuevos funcionarios”, añadió.

Además, agregó que: “Tiene que tener claro los funcionarios que si tienen escondida la información tienen que entregarla porque si no esa es una causal para que queden en prisión preventiva, por obstrucción de investigaciones del Ministerio Público”.

De igual forma detalló que ahí hay documentos que incluso pueden ser históricos para el país y esto no solo ha sido en Casa Presidencial u otras instituciones que también ha sucedido en la municipalidad de San Pedro Sula, en municipalidades del interior, donde los alcaldes en la creencia que todo lo que han manejado es propio se la han llevado.

También dio a conocer de algunas de las instituciones que no tiene documentación son la Secretaría de Comunicaciones, El Gabinete de Seguridad, Casa presidencial que aparentemente toda la información fue destruida y triturada o se la llevaron a su casa y ya no se puede acceder a dicha información.

Explicó que tratando de documentar algunas investigaciones se han encontrado con que las personas que legalmente tenían bajo custodia esta documentación han desaparecido, es decir información importante y esencial para las investigaciones desapareció.

Por lo que el funcionario dijo que hay que dejar un precedente iniciando líneas de investigación contra estas personas y que exfuncionarios manifestaron que esto ha sido normal de una administración a otra.

Prosiguió que: “No porque ha sido normal desde los años 80 estas situaciones tienen que quedar en la impunidad porque son actos reprochables porque se trata de ocultar muchas situaciones que quizás están escondidas en esa documentación”.

Finalizó que, en los casos que no han podido acceder a esta información ya se ha abierto líneas de investigación contra esas personas.