Dos nuevos módulos de máxima seguridad están listos en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, con capacidad conjunta para albergar entre 2,016 y 2,880 personas privadas de libertad, como parte de las medidas adoptadas frente a estructuras del crimen organizado.

Los nuevos espacios estarán destinados a personas acusadas de pertenecer a asociaciones terroristas, quienes permanecerán bajo un régimen especial de máxima seguridad establecido a partir de las reformas a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Entre las restricciones contempladas se encuentran controles especiales para las visitas, ausencia de contacto físico y limitaciones en el tiempo de permanencia fuera de las celdas, de acuerdo con las disposiciones aplicables a este régimen.

Los módulos fueron construidos con paredes prefabricadas de concreto armado y verjas de acero. Además, disponen de sistemas de vigilancia e iluminación permanente para reforzar el control interno y perimetral.

Sobre las celdas se habilitó un área de circulación exclusiva para el personal penitenciario que permitirá mantener observación directa. La iluminación de las celdas será administrada desde un centro de control externo y los espacios no dispondrán de tomacorrientes ni interruptores al alcance de los internos.

La infraestructura también incorpora ventilación mecánica y cableado eléctrico protegido mediante tubería de acero, con el propósito de impedir el acceso directo de los privados de libertad a las instalaciones eléctricas.

El esquema de seguridad incluye cámaras de videovigilancia antivandálicas en áreas internas y externas, además de iluminación exterior permanente.

Vigilancia conectada con sede central

El director del INP, general en condición de retiro Walter Irán Amador Lacayo, explicó que el monitoreo no se limitará al interior del centro penitenciario.

“En todos los centros penitenciarios hay un centro de monitoreo, pero también hay una sala espejo aquí en el Instituto Nacional Penitenciario; es decir, lo que sucede en cada centro lo observan ellos y, de igual manera, en esta sede central”, detalló.

Amador Lacayo informó además que se realizaron ampliaciones y mejoras de infraestructura en los centros penitenciarios de máxima seguridad conocidos como El Pozo I, en Ilama, Santa Bárbara, y El Pozo II, en Morocelí, El Paraíso, para incrementar su capacidad de alojamiento.

Según los datos proporcionados por el INP, la población penitenciaria del país asciende actualmente a unas 19,500 personas.

La entrada en funcionamiento de los dos nuevos módulos de Támara ampliará la capacidad disponible para mantener bajo mayores controles a personas sometidas al régimen de máxima seguridad, particularmente aquellas vinculadas judicialmente con estructuras criminales.