Declaración de la embajada de Israel ante la orden de captura de Netanyahu
La decisión emitida esta mañana (21/11/2024) por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el arresto del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, representa la utilización del derecho internacional como una herramienta para fines políticos.
La CPI ha sentado un precedente para la criminalización de la legítima defensa: cualquier país que se atreva a defenderse de una organización terrorista que utiliza a civiles como escudos humanos se enfrentará a una persecución disfrazada de enjuiciamiento.
La decisión de la CPI ignora descaradamente que la organización terrorista Hamás invadió Israel el 7 de octubre y masacró a más de 1200 israelíes inocentes.
Ignora que Hamás secuestró a más de 250 personas y que mantiene aún a 101 personas como rehenes, entre ellos bebés, hombres, mujeres y ancianos. Emitir órdenes de arresto contra un Estado que actúa de acuerdo con el derecho internacional es una recompensa para el grupo terrorista más peligroso y extremo de la región.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Giddon Sa´ar, declaró: «Un momento oscuro para la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en el que perdió toda legitimidad para su existencia y actividad… Estas órdenes de arresto no son meros ataques personales contra ellos; en esencia, son un ataque al derecho de Israel a defenderse.
Es un ataque contra la nación más amenazada y más atacada del mundo, y que es también el único país de la región que otras naciones piden y actúan abiertamente para eliminarlo.
La Casa Blanca y varios Senadores de Estados Unidos han declarado su apoyo a Israel ante la decisión de la CPI: “La solicitud del fiscal de la CPI de que se emitan órdenes de arresto contra dirigentes israelíes es indignante… Siempre apoyaremos a Israel frente a las amenazas a su seguridad.”
La comunidad internacional debe ser firme en su rechazo a la politización de los tribunales internacionales y abogar por un sistema judicial que garantice la justicia de manera imparcial, sin intromisiones externas que socaven los principios básicos de soberanía, independencia y estabilidad internacional.