El Ministerio Público confirmó la apertura de varias líneas de investigación que involucran a un funcionario del Poder Judicial, un alto cargo del Poder Ejecutivo y un abogado privado.

Estas investigaciones están vinculadas a la resolución judicial emitida en el caso de tres exjerarcas militares acusados de delitos relacionados con el golpe de Estado de 2009.

Las investigaciones revelan que los tres implicados, que están plenamente identificados, negociaron y acordaron la entrega de un sobre de papel amarillo que contenía cuatro millones de lempiras, para favorecer a las medidas generales con distintas a la prisión.

Las indagaciones apuntan a que la entrega de los recursos al funcionario judicial se materializó en el bufete del abogado privado.

A los tres personajes se les investiga por el delito de lavado de activos, prevaricato, violación de los deberes de los funcionarios y extorsión.

Los acusados, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general en retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez; el exsubjefe Venancio Cervantes Suazo; y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, general en retiro Carlos Roberto Puerto Fúnez, enfrentan cargos por homicidio simple en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencía y homicidio en grado de tentativa contra Alex Zavala.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que las investigaciones incluyen una línea denominada «mensaje en el papel amarillo», en la que se señala a los tres mencionados funcionarios y profesionales. Mora subrayó que no se pueden revelar más detalles debido a la etapa preliminar de las pesquisas.

Por su parte, el juez del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Plinio Consuegra, dictó auto de formal procesamiento con arresto domiciliario para los tres exmilitares y fijó la audiencia preliminar para el próximo lunes 27 de enero a las 11:30 a. m.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, indicó que las partes procesales tienen hasta hoy para presentar recursos de apelación, mientras el Ministerio Público anunció que no está conforme con la resolución y presentará la apelación correspondiente.

El caso ha generado amplio interés debido a sus implicaciones en la búsqueda de justicia por los hechos ocurridos durante el golpe de Estado y por el involucramiento de altos funcionarios y profesionales en las investigaciones actuales.