El Ministerio Público sostiene que el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, habría impulsado una serie de actuaciones destinadas a obstaculizar el proceso electoral de noviembre de 2025, mediante decisiones legislativas que, según la acusación, afectaron las atribuciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El requerimiento fiscal señala que Redondo presuntamente ordenó impedir el ingreso de diputados al Congreso Nacional, promovió la instalación irregular de una Comisión Permanente y posteriormente impulsó un decreto para revisar los resultados electorales.

De acuerdo con la Fiscalía, el 28 de octubre de 2025 se restringió el acceso de parlamentarios que pretendían celebrar una sesión extraordinaria para ampliar el período legislativo.

Los diputados realizaron la sesión en las afueras del Congreso y aprobaron extender las reuniones ordinarias hasta enero de 2026.

Sin embargo, tres días después, Redondo y otros miembros de la junta directiva instalaron una Comisión Permanente, pese a que el pleno había aprobado la prórroga.

El Ministerio Público considera que estas actuaciones buscaban mantener el control del Poder Legislativo y provocar retrasos en el calendario electoral.

Otro de los hechos investigados ocurrió en enero de 2026, cuando Redondo promovió una sesión extraordinaria para aprobar el Decreto 58-2025, que ordenaba revisar los resultados de 19,167 Juntas Receptoras de Votos.

La Fiscalía cuestiona la legalidad de esa sesión, celebrada con 71 diputados propietarios y suplentes, al considerar que varios suplentes fueron incorporados irregularmente para completar el cuórum.

El decreto también establecía que, si el CNE no realizaba el recuento, el Congreso asumiría esa función.

Según el Ministerio Público, esa disposición invadía competencias exclusivas de las autoridades electorales.

El expresidente del Congreso enfrenta acusaciones por presunta usurpación de funciones, perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

La investigación también involucra a exintegrantes de la Comisión Permanente y al exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edys Moncada.

Contra Redondo existe una orden judicial de captura, mientras continúa el proceso para determinar las responsabilidades penales de los señalados.

Las afirmaciones sobre un supuesto intento de afectar las elecciones corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinadas por los tribunales. Los imputados mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.