La Asamblea Legislativa aprobó, con dispensa de trámites, la Ley Especial Quincena 25, que crea un beneficio económico adicional para trabajadores del sector público y privado que ganen hasta $1,500 mensuales. La normativa establece que el pago deberá realizarse entre el 15 y el 25 de enero de cada año y será equivalente al 50 % del salario básico o nominal mensual.

La iniciativa fue enviada por el presidente de la República a través del ministro de Trabajo, Óscar Rolando Castro, quien explicó en la pieza de correspondencia que el objetivo es crear un ingreso complementario para “garantizar el bienestar económico de los trabajadores y su grupo familiar y promover el desarrollo económico del país”.

Según el decreto, la quincena 25 es un beneficio especial, distinto al salario ordinario, aguinaldo u otras prestaciones laborales. No formará parte de la base de cálculo de otras prestaciones y no podrá ser objeto de ningún tipo de retención por impuestos, seguridad social o embargos.

El monto será del 50 % del salario mensual y solo aplicará para quienes ganen $1,500 o menos. Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán cumplir los mismos requisitos que exige la ley para recibir el aguinaldo o compensación adicional en efectivo, como el tiempo mínimo laborado durante el año.

En el caso de los empleados públicos y municipales, además, deberán encontrarse laborando en la institución correspondiente al momento en que se haga efectivo el pago.

Aplicación por etapas

La ley establece que a partir de 2027 el pago será obligatorio tanto para el sector público como para el privado. Sin embargo, incluye una disposición transitoria para 2026: En el sector público y municipal, la quincena 25 se pagará de forma obligatoria desde enero de 2026, siempre que los empleados cumplan los requisitos. En el sector privado, el pago será voluntario durante 2026. Las empresas que lo otorguen podrán acceder a un crédito tributario equivalente al monto total pagado por este concepto, acreditable contra el impuesto sobre la renta de ese ejercicio fiscal.

Ese crédito también podrá ser utilizado por empresas que contraten servicios de tercerización de personal, siempre que paguen a las empresas tercerizadoras el monto correspondiente para que sea entregado a los trabajadores.

Cuando el crédito tributario exceda el monto del impuesto sobre la renta a pagar, el remanente podrá usarse para cubrir otras obligaciones relacionadas con ese impuesto. En el caso de usuarios de zonas francas y de la Ley de Servicios Internacionales, el crédito podrá incluso ser negociado o transferido mediante un certificado de crédito tributario emitido por el Ministerio de Hacienda.

Discusión

Durante la discusión legislativa, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, defendió la medida señalando que enero es históricamente el mes más difícil para las familias, debido a los gastos acumulados de diciembre y al inicio del año escolar.

Sostuvo que la quincena 25 busca atender un “problema estructural” que no había sido corregido y que no sustituye salario ni aguinaldo. Afirmó que beneficiará al 94 % de los asalariados y que también tendrá un impacto indirecto en la economía local, al aumentar el consumo en comercios formales e informales.

Guevara subrayó que para el sector privado la obligatoriedad entrará en vigencia hasta 2027, con el fin de dar tiempo a las empresas para planificar financieramente, y que quienes la paguen voluntariamente en 2026 tendrán incentivos fiscales.

Otros diputados aliados al oficialismo respaldaron la iniciativa, argumentando que ayudará a las familias a enfrentar gastos como útiles escolares, matrículas y deudas acumuladas de fin de año.

Desde la oposición, diputadas anunciaron que votarían a favor, pero expresaron reservas sobre la sostenibilidad de la medida.

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, dijo que la quincena 25 puede aliviar a algunas familias, pero cuestionó que se trate de una solución estructural. Señaló que el Estado destinaría alrededor de $70 millones solo para cubrir a empleados públicos y preguntó por qué, si hay recursos para esto, se sigue solicitando más dinero mediante reformas presupuestarias.

Villatoro también recordó los despidos recientes en el sector salud y afirmó que hay más de 7,000 personas sin indemnización. A su juicio, si hay fondos para la quincena 25, también debería haberlos para pagar derechos laborales pendientes.

Además, advirtió que solo alrededor del 30 % de la población tiene empleo formal y que, de ese grupo, no todos ganan menos de $1,500, por lo que una gran parte de la población quedaría fuera del beneficio. Propuso que se discutan medidas que impacten a toda la población, como eliminar el IVA a productos de la canasta básica.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, también anunció su voto a favor, pero calificó la ley como una medida “paliativa” y no integral. Sostuvo que el costo de la vida seguirá alto después de enero y reiteró su propuesta de reducir el IVA del 13 % al 6.5 % para beneficiar al 100 % de los consumidores.

Ortiz advirtió que el gobierno podría estar usando la quincena 25 para desviar la atención de otros problemas, como el endeudamiento estatal y el uso de fondos de pensiones.

Por su parte, el diputado Francisco Lira, de ARENA, cuestionó que la ley se haya aprobado por dispensa de trámites, sin un análisis profundo en comisión. Dijo que no se ha explicado con claridad de dónde saldrán los fondos y alertó que inyectar millones sin aumentar la producción podría generar inflación.(laprensagrafica)