La Corte Suprema de Justicia de Honduras, a través de su Sala de lo Constitucional, inició el proceso de revisión de un recurso que cuestiona la constitucionalidad del decreto 27-2010, normativa que creó la Ley de Privación de Dominio y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

El portavoz judicial, Melvin Duarte, explicó que el recurso fue admitido en su totalidad y que ahora corresponde al Ministerio Público de Honduras emitir su dictamen en un plazo de seis días, antes de que el expediente regrese a la Sala para una resolución definitiva.

Cuestionamientos a la ley

El recurso fue interpuesto por el Partido Liberal de Honduras (PLH), cuyos representantes argumentan que la normativa vulnera principios constitucionales, entre ellos el derecho a la defensa y el debido proceso.

Según los planteamientos, la aplicación de la ley podría afectar a personas o instituciones por hechos atribuibles de manera individual, lo que —según la acción legal— contraviene garantías fundamentales.