**La CHICO plantea revisar normas de densidad, estacionamientos, infraestructura, servicios públicos, costos de urbanización y condiciones de financiamiento.

**Banhprovi promueve tasas de interés del 4% anual, pero los requisitos de aprobación frenan el flujo real de los créditos.

-Serie 2/2-

Por: Misael Colindres

Los altos costos de financiamiento se han convertido en una de las principales dificultades para los desarrolladores que buscan construir vivienda social en Honduras, al elevar el costo de los proyectos y reducir sus márgenes de viabilidad.

El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Arnaldo Martínez, señaló a Contextohn.com que los bonos y subsidios otorgados por el Gobierno por sí solos no resuelven el problema del déficit habitacional si las empresas enfrentan elevados costos de tierra, urbanización, materiales, trámites burocráticos lentos y financiamiento.

«El sector privado está dispuesto a participar activamente en la solución del déficit habitacional de Honduras. Sin embargo, debemos ser muy claros: no podemos pretender resolver el déficit de vivienda estableciendo únicamente un precio máximo; debemos construir las condiciones económicas que hagan posible producir esa vivienda», apuntó el ingeniero.

El Gobierno,a través de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), plantea un Bono Directo de Capital de L45,000 para viviendas unifamiliares y de L82,500 para proyectos multifamiliares, con un precio de referencia de hasta L1.2 millones.

Martínez explicó que ese valor puede ser alcanzable en determinados proyectos cuando existen terrenos adecuados, economías de escala y procesos eficientes.

Sin embargo, en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, el costo de la tierra, urbanización, infraestructura, materiales, mano de obra, financiamiento y trámites incide directamente en el precio final.

Desarrolladores pide reducir costos y agilizar permisos

Para reducir estas barreras el Gobierno, a través de la SEVIAH, impulsa una ventanilla única de facilitación de trámites, ubicada en el Centro Cívico Gubernamental acompañada, de asistencia técnica para acelerar los procesos administrativos de los desarrolladores.

Sin embargo, para el sector construcción, los incentivos deben formar parte de una política integral que permita disminuir los costos asociados al desarrollo de proyectos habitacionales.

«Desde CHICO consideramos que el bono debe formar parte de una política integral. El Estado debe ayudar a reducir los costos que no corresponden directamente a la construcción de la vivienda, mientras el sector privado aporta inversión, capacidad técnica y capacidad de ejecución», detalló.

Uno de los principales puntos señalados por el gremio es la tramitología.

Martínez considera que la Ventanilla Única anunciada por la Secretaría de Vivienda puede contribuir a aumentar la oferta, siempre que funcione como un sistema de gestión capaz de reducir tiempos, eliminar duplicidades y coordinar a las instituciones involucradas.

Actualmente, los proyectos pueden requerir trámites ante municipalidades, autoridades ambientales, empresas de servicios públicos y otras instituciones.

Según el planteamiento del sector, los retrasos y requisitos duplicados generan costos financieros que posteriormente repercuten en el precio de las viviendas.

La propuesta incluye digitalizar procesos, establecer requisitos uniformes, fijar plazos máximos de respuesta y mejorar la coordinación institucional.

Vivienda vertical plantea nuevos desafíos

La industria considera que Honduras cuenta con empresas y profesionales capaces de desarrollar proyectos de vivienda vertical.

La secretaria de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH) trabaja en la elaboración de una normativa específica para proyectos de viviendas verticales y desarrolla mesas técnicas con la Alcaldía del Distrito Central y desarrollará un pilotaje en San Pedro Sula.

Al respecto, Martínez dijo que el desafío consiste en lograr que este modelo resulte accesible para las familias de menores ingresos.

La vivienda vertical podría permitir un mejor aprovechamiento del suelo urbano en Tegucigalpa y San Pedro Sula, además de acercar a las familias a centros de empleo, educación y servicios.

Para avanzar en este modelo, CHICO plantea revisar normas de densidad, estacionamientos, infraestructura, servicios públicos, costos de urbanización y condiciones de financiamiento.

También considera necesario identificar terrenos estratégicos donde el Estado pueda facilitar el desarrollo de proyectos.

Condiciones para aumentar la producción

El plan gubernamental contempla atender a más de 120,000 hogares entre 2026 y 2030.

Para alcanzar ese objetivo se requerirá aumentar de manera significativa el ritmo de construcción de viviendas.

Martínez sostiene que la industria tiene capacidad para incrementar la producción, pero considera necesario garantizar una cadena de producción permanente.

Entre los factores mencionados están la disponibilidad de tierra urbanizada, financiamiento, permisos, infraestructura, materiales, proveedores y mano de obra calificada.

El dirigente también plantea fortalecer la formación técnica en áreas como albañilería, electricidad, plomería, estructuras, acabados y supervisión de obras.

El acceso al crédito es un desafío

Otro de los principales obstáculos identificados por CHICO es el acceso al financiamiento para las familias de menores ingresos.

Martínez señala que no basta con aumentar la construcción si los hogares que necesitan una vivienda no pueden acceder a un crédito.

El problema también alcanza a trabajadores independientes y familias cuyos ingresos son reales, pero que enfrentan dificultades para demostrarlos mediante los mecanismos tradicionales de la banca.

El sector propone mecanismos que permitan evaluar la capacidad real de pago, simplificar procesos y establecer instrumentos de garantía para los hogares que actualmente quedan fuera del sistema financiero.

Gobierno, banca y constructores

Para CHICO, la reducción del déficit habitacional requiere la participación coordinada de tres sectores.

El Gobierno debe establecer las condiciones e incentivos, el sistema financiero facilitar el acceso al crédito y la industria desarrollar los proyectos habitacionales.

El gremio sostiene que la previsibilidad, reglas claras y mecanismos de financiamiento sostenibles permitirían a las empresas ampliar su capacidad, capacitar personal y fortalecer sus cadenas de suministro.

El desafío, de acuerdo con el planteamiento de la CHICO, no consiste únicamente en construir más viviendas, sino en crear las condiciones económicas y financieras para que esas viviendas puedan ser producidas y adquiridas por las familias que las necesitan.

BANHPROVI y la traba de trámites

Por su lado, Banhprovi promueve tasas de interés del 4% anual, pero los requisitos de aprobación frenan el flujo real de los créditos.

La vía directa de atención o Banca de Primer Piso ofrece financiamientos de Vivienda Social hasta por 1.2 millones de lempiras, con plazos de hasta 30 años. Sin embargo, la cobertura geográfica se limita a agencias específicas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa, Danlí, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, dejando fuera a cientos de municipios.

Para optar a la cotizada tasa del 4%, el solicitante enfrenta un estricto filtro: no debe ganar más de dos salarios mínimos y el avalúo del inmueble no puede exceder el L1,200,000.00. Si la familia supera ligeramente ese techo de ingresos o la propiedad sobrepasa el valor estipulado, el costo financiero se dispara automáticamente al 7% bajo la categoría de Vivienda Media.

En los números, las cuotas parecen accesibles. Para un préstamo social de 500 mil lempiras, la cuota mensual calculada se ubica en L2,387.08, mientras que para el límite de 1.2 millones llega a L5,728.98. Sin embargo, estos montos no contemplan el costo adicional de los seguros obligatorios ni los gastos de escrituración y avalúos que el solicitante debe costear de su bolsillo.

El verdadero cuello de botella para la población de bajos ingresos radica en la extensa lista de trámites requeridos. BANHPROVI exige promesas de compraventa, escrituras registradas, planos firmados y timbrados, presupuestos detallados, permisos de construcción previos y avalúos certificados por la CNBS. Esta exigencia documental margina de inmediato a quienes laboran en la economía informal.

Por otro lado, la Banca de Segundo Piso delega la colocación de los fondos en intermediarios privados como bancos comerciales, cooperativas y financieras.

Aunque bajo esta modalidad el techo para vivienda social sube a 1.3 millones y el de vivienda media hasta 4.0 millones, los intermediarios aplican sus propios análisis de riesgo y políticas internas, filtrando aún más a los solicitantes.

A pesar de que el discurso oficial destaca los desembolsos para compra, construcción y liberación de lotes, la normativa prohíbe tajantemente el uso de estos recursos para consolidación de deudas o consumo.

Cabe recordar que la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH) mantendrá la rectoría de los recursos destinados a bonos y subsidios habitacionales, mientras Banhprovi continuará administrándolos de forma temporal hasta que entre en funcionamiento el Fondo Hondureño para la Vivienda (FONVIVIENDA).