** Empresa mantiene propiedad de todas las centrales hidroeléctricas y operará a través de tres nuevas subsidiarias sin subastar ningún activo

** Toda nueva compra de energía deberá realizarse mediante licitaciones públicas competitivas, priorizando el mecanismo de subasta inversa

** Prohibición de aumentar las tarifas durante seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley

El Congreso Nacional aprobó oficialmente anoche con 78 votos la Ley de Justicia Energética, que consta de 37 artículos, en base al dictamen del Partido Liberal que sustituyó el proyecto original del Poder Ejecutivo, conteniendo un paquete de reformas estructurales al subsector eléctrico que transforma el modelo de operación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La normativa, que se consolidó tras sustituir el proyecto original por una propuesta de consenso, redefine la administración de la estatal eléctrica sin ceder el control de sus activos públicos y priorizando la transparencia en el mercado energético.

La sesión legislativa comenzó alrededor de las 8:00 de la noche con la lectura del dictamen original por parte del presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto, quien destacó que el proyecto inicial había sido socializado previamente con diferentes sectores sociales.

BLINDAJES LEGALES

Sin embargo, la agenda tomó un giro definitivo cuando el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, presentó una contrapropuesta integral de 16 puntos elaborada en consulta con expertos nacionales e internacionales, según afirmó.

La propuesta alternativa de Cálix modificó el rumbo del debate al introducir blindajes legales estrictos para el patrimonio público. Entre las medidas aprobadas, destaca la obligación de que la ENEE mantenga la propiedad de todas las centrales hidroeléctricas y opere a través de sus nuevas subsidiarias sin subastar ningún activo.

Asimismo, la normativa incorpora un fuerte componente de alivio económico, ya que manda la condonación total de deudas eléctricas a familias vulnerables con consumos menores a 200 kilovatios.

Igualmente, ordena la condonación de deudas por consumo eléctrico a los municipios clasificados como tipo C y D, y promueve la conciliación de saldos con las alcaldías A y B.

Es decir que la ley introdujo el esquema financiero estricto para saldar las cuentas institucionales pendientes. Esto incluye una instrucción directa para que las municipalidades de categoría A y B inicien procesos de conciliación obligatoria con la estatal, buscando balances financieros positivos que estabilicen el flujo de caja de la ENEE.

En el ámbito de la transparencia, la reforma prohíbe de forma tajante las contrataciones directas de energía, estableciendo que toda nueva compra de energía deberá realizarse mediante licitaciones públicas competitivas, priorizando el mecanismo de subasta inversa para romper con un rezago de casi 20 años sin procesos públicos de este tipo.

Con esta herramienta de mercado, el gobierno proyecta atraer inversión privada para la infraestructura de soporte y asegurar tarifas más accesibles para la población y el sector productivo.

NO AUMENTAR TARIFAS

Uno de los puntos clave de la normativa es que se estipula una prohibición de aumentar la tarifa eléctrica al consumidor durante seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar el congelamiento por otros seis meses.

Asimismo, la Transformación de la ENEE. La estatal eléctrica no será privatizada, según el texto, sino transformada en la empresa ENEE Matriz que mantendrá la propiedad de los activos estratégicos. De ella se desprenderán tres empresas subsidiarias: ENEE Generación, ENEE Transmisión, ENEE Distribución, con posibilidad de dividirla o crear subsidiarias regionales.

Las tres serían sociedades anónimas unipersonales, pero el Estado conservará el 100 % de las acciones a través de ENEE Matriz.

La separación será jurídica, administrativa, operativa, financiera y contable, mientras que los activos continuarán siendo propiedad de ENEE Matriz y serán entregados a las subsidiarias para su administración, operación y mantenimiento, sin transferencia de dominio.

Al final de la lectura de los 37 artículos, pasadas las 11:00 de la noche, se le dio el uso de la palabra a la diputada Angelica Smith, en representación del Partido Libertad y Refundación, expresando la absoluta oposición de su colectivo a la normativa.

MAYORÍA CALIFICADA

Luego el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, hizo dos agregados en el sentido de dejarse claramente establecido un artículo que para cualquier proceso de enajenación del carácter público de la estatal electica debe aprobarse mediante una mayoría calificada de 96 votos legislativos y que debe haber veedores en los procesos de la empresa.

Cuando el diputado nacionalista Milton Puerto, jefe de la Comisión de Energía, hacía unas consideraciones finales, ante de someterse a aprobación el proyecto de decreto, según el dictamen aprobado, el diputado de Libre por Valle, Josué Fabricio Carbajal Sandoval, insistía en tratar de alterar la sesión sonando un pito, ante lo cual el presidente Tomás Zambrano, anunció que se le deduciría la mitad del salario de este mes.

Momentos antes el congresista de Libre por el departamento de El Paraíso, John Milton García, arrancó el micrófono de su curul como gesto de protesta por la aprobación de la Ley de Justicia Energética.

Finalmente, la ley fue aprobada con el voto favorable de 78 congresistas, 49 del Partido Nacional y 29 liberales y entra en vigencia desde el día de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Objetivos generales de la reforma eléctrica:

1. Modernización y eficiencia: Actualizar la estructura y funcionamiento del sector eléctrico, adoptando mejores prácticas internacionales y reorganizando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en empresas subsidiarias de generación, transmisión y distribución, todas bajo propiedad estatal.
2. Sostenibilidad financiera: Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, mejorar la gestión financiera de la ENEE y aliviar la carga sobre las finanzas públicas.
3. Acceso y calidad: Garantizar un servicio eléctrico confiable, de calidad y con tarifas justas, priorizando la cobertura nacional y la protección de los usuarios vulnerables.
4. Transparencia y gobernanza: Fortalecer la independencia y capacidades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), asegurando procesos de licitación públicos y transparentes.
5. Competitividad y atracción de inversiones: Promover la competencia, la inversión privada responsable y la innovación tecnológica bajo un marco regulatorio claro y transparente.
6. Integración regional: Armonizar la regulación nacional con la del Mercado Eléctrico Regional de América Central.

Objetivos Específicos (según el texto legal)

• Suministrar la demanda eléctrica al mínimo costo económico.
• Promover la operación económica, segura y confiable del sistema eléctrico y el uso eficiente de la electricidad.
• Racionalizar el uso de los recursos energéticos del país.
• Proteger los derechos de los usuarios bajo criterios de igualdad y equidad.
• Impedir prácticas desleales o abuso de posición dominante en el mercado.
• Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad para asegurar el suministro a largo plazo.
• Fomentar la inversión privada en las actividades reguladas.

Medidas Complementarias

• Prohibición temporal de incremento de tarifas para proteger a los consumidores.
• Condonación de deudas para usuarios residenciales de bajo consumo y municipalidades.
• Creación de un Fondo Social de Desarrollo Eléctrico para electrificación de interés social.
• Impulso a la transición energética y la innovación mediante bancos de pruebas regulatorios.

En resumen, la reforma busca un sector eléctrico más moderno, eficiente, transparente y sostenible, con énfasis en la protección social, la inversión y la mejora de la calidad del servicio para todos los hondureños.

PUNTOS CLAVES

La Ley de Justicia Energética es una reforma amplia del sector eléctrico hondureño. Su eje principal es reorganizar la ENEE, modificar la regulación del mercado eléctrico, combatir las pérdidas y el hurto de energía, atraer inversión y buscar tarifas más competitivas, manteniendo formalmente la propiedad estatal de la ENEE.

El dictamen parte de que la empresa pierde más de L16,000 millones anuales y que las pérdidas eléctricas históricamente han rondado entre 30 % y 35 %. Los puntos más importantes

1. Congela temporalmente la tarifa eléctrica.Desde que entre en vigencia, la tarifa correspondiente al último recibo generado no podrá aumentar durante seis meses. El Congreso podrá extender el congelamiento por otros seis meses.

2. La ENEE se divide operativamente.La ley ordena transformar y escindir la ENEE en una o más sociedades de generación, transmisión y distribución. Estas funcionarían como sociedades mercantiles anónimas unipersonales, pero su único propietario será el Estado, a través de ENEE Matriz.

3. La ENEE Matriz conserva el 100 % de las acciones.Después de la separación, ENEE Matriz tendrá el 100 % del capital de las subsidiarias. La propuesta establece que los activos estratégicos permanecen bajo titularidad de ENEE Matriz y son entregados a las subsidiarias únicamente para administrarlos, operarlos y mantenerlos, sin transferencia de dominio.

4. Se colocan candados contra la privatización. Los activos estratégicos y las acciones de las subsidiarias son declarados intransferibles e inalienables. ENEE Matriz no puede vender, ceder, donar, gravar o transferir las acciones sin autorización del Congreso, ni utilizar mecanismos que reduzcan su participación por debajo del 100 %.

5. Pero las subsidiarias tendrán amplia autonomía.Las nuevas empresas manejarán de forma independiente sus operaciones, mantenimiento, inversiones e ingresos. Los convenios mediante los cuales recibirán los activos tendrán una duración mínima de 30 años y deberán garantizar autonomía de gestión.

6. Funcionarán bajo reglas mercantiles en varias áreas. Los contratos de las subsidiarias se regirán por el derecho común y no por la Ley de Contratación del Estado. Cada subsidiaria tendrá su propio régimen de compras y contrataciones, aunque deberá aplicar principios de transparencia, competencia, igualdad, auditoría y manejo de conflictos de interés.

7. Podrán obtener financiamiento privado.Las subsidiarias podrán contratar préstamos con organismos internacionales y entidades financieras públicas o privadas, con autorización de ENEE Matriz y dictamen favorable de Finanzas. También podrán emitir deuda respaldada por sus ingresos, pero no podrán poner como garantía centrales, represas, embalses, redes, subestaciones, acciones u otros activos estratégicos.

8. Se crea un nuevo Operador del Sistema y del Mercado (OSM). Será una entidad independiente encargada de operar el sistema eléctrico y administrar el mercado. No formará parte de la Administración Pública. Su junta directiva tendrá representación de transmisores, generadores, comercializadores, distribuidores y consumidores. Su función incluye realizar el despacho eléctrico buscando satisfacer la demanda al menor costo.

9. Se fortalece y reorganiza la CREE.La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tendrá independencia funcional, presupuestaria y financiera. Sus tres comisionados serán nombrados por la Presidencia a propuesta de una Junta Nominadora integrada por representantes de Energía, COHEP y UNAH.

10. Las compras de energía deberán licitarse.Las distribuidoras tendrán que contratar capacidad y energía mediante licitaciones públicas internacionales competitivas, normalmente de largo plazo y supervisadas por la CREE.

11. Introduce formalmente el almacenamiento de energía.La reforma incorpora baterías y otros sistemas de almacenamiento al mercado eléctrico y establece que la regulación no debe discriminar contra estas tecnologías, la autogeneración o el autoconsumo.

12. Más detalle en el recibo eléctrico.Las facturas deberán separar claramente cuánto corresponde a generación, transmisión, operación del sistema y distribución, además de los impuestos trasladables al consumidor.

13. Crea un Fondo Social de Desarrollo Eléctrico. El FOSODE financiará proyectos de electrificación social. Recibirá un aporte equivalente al 1 % de las ventas a usuarios finales de las distribuidoras, aporte que la propia ley permite trasladar a la factura mensual del usuario.

14. Endurece la lucha contra el hurto de energía.Considera irregulares las conexiones clandestinas, reconexiones no autorizadas, manipulación de medidores, mecanismos para alterar el consumo y otras modalidades destinadas a consumir electricidad sin correcta medición o facturación.

15. Da tres meses para regularizar conexiones ilegales.Quienes actualmente tengan conexiones ilegales o medidores alterados tendrán tres meses para regularizar voluntariamente su situación. Si cumplen las condiciones establecidas, no se iniciarán acciones administrativas o penales por los hechos subsanados mediante esa regularización.

16. Introduce medición inteligente.La ENEE deberá implementar telemedición, monitoreo remoto y otras tecnologías para detectar y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas.

17. Medidas especiales por la sequía.Para 2026-2027, ENEE y CREE deberán preparar medidas excepcionales destinadas a garantizar el suministro ante el déficit hídrico. La ENEE podrá contratar temporalmente capacidad o energía, pero los contratos correspondientes deberán ser ratificados por el Congreso Nacional.

18. La ENEE deberá explicar su deuda histórica.En un plazo de 120 días, deberá informar al Congreso sobre la deuda acumulada y, junto con Finanzas, presentar información sobre un plan estratégico para pagarla. En pocas palabrasEl cambio central puede resumirse así: la ENEE no desaparece ni se vende, pero deja de operar como una sola empresa integrada.

Se convierte principalmente en una empresa matriz estatal, mientras generación, transmisión y distribución pasan a subsidiarias separadas, también estatales, pero con autonomía administrativa, financiera y operativa y con reglas más cercanas al funcionamiento empresarial privado.

Al mismo tiempo, la reforma abre más espacio a la competencia y a la inversión privada dentro del mercado eléctrico, fortalece la CREE, crea un operador independiente del mercado, establece nuevas licitaciones y mecanismos de financiamiento y endurece las medidas contra las pérdidas y el hurto.

El punto políticamente más relevante es que el texto sí contiene candados para mantener el 100 % de las subsidiarias bajo propiedad estatal, aunque las subsidiarias tendrán considerable autonomía y podrán contratar, endeudarse y operar bajo reglas mercantiles.

Por eso, para analizar el debate sobre si constituye o no una “privatización”, conviene distinguir entre propiedad de los activos, que el proyecto mantiene estatal, y modelo de gestión y participación privada en el mercado, que sí cambia de manera importante.