El Congreso Nacional aprobó la noche del martes, sin votos en contra, la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa que marca un cambio profundo en la forma en que se identifican los verdaderos dueños de empresas y estructuras jurídicas en Honduras.

La legislación elimina el anonimato de socios y accionistas, obliga a revelar quién controla realmente cada entidad y fortalece los mecanismos de prevención contra delitos financieros.

Un registro para identificar al “dueño real”

La nueva ley crea el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Este sistema permitirá identificar a las personas naturales que poseen o ejercen control sobre sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y otras figuras jurídicas.

El objetivo es cerrar espacios utilizados para ocultar capitales ilícitos y cumplir con estándares internacionales en materia de transparencia, prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y combate a la corrupción.

CNBS: “Es un paso histórico para el país”

La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, celebró la aprobación de la normativa y destacó su impacto en la integridad del sistema financiero.

“Esta ley permitirá identificar a la persona de carne y hueso detrás de una empresa y establecer controles adecuados”, afirmó.

Suazo recordó que la creación del registro era una de las principales exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en los procesos de evaluación internacional, además de ser una recomendación respaldada por organismos multilaterales.

Sin embargo, subrayó que la normativa no debe verse únicamente como un requisito externo, sino como una herramienta que fortalecerá la credibilidad del país ante inversionistas, bancos y socios comerciales.

Honduras busca mayor confianza internacional

Con la entrada en vigor de esta ley, el país se alinea con estándares globales que exigen transparencia en la propiedad de las empresas, un aspecto clave para prevenir el uso del sistema financiero en actividades ilícitas.

La CNBS sostiene que el registro contribuirá a:

• Mejorar la supervisión financiera.
• Facilitar investigaciones contra estructuras criminales.
• Aumentar la confianza de inversionistas y organismos internacionales.
• Reducir riesgos reputacionales para el país.

La aprobación unánime refleja el consenso político sobre la necesidad de fortalecer los controles y modernizar la regulación financiera en un contexto global cada vez más exigente.