La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, presentó este miércoles una denuncia pública tras identificar una presunta red de opacidad, discrecionalidad y conflicto de interés en la asignación y ejecución de L 113,401,824.00 transferidos por el Estado a la Organización No Gubernamental de Desarrollo Jóvenes Metas.

Según la auditoría social realizada por ASJ, instituciones del sector social —entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Programa Red Solidaria— habrían desviado la naturaleza legal de la contratación pública para suscribir al menos 10 convenios con la ONG, utilizando la figura de cooperación para evadir los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.

#Honduras 🔴| 𝐀𝐒𝐉 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐎𝐍𝐆 𝐉𝐨́𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐌𝐞𝐭𝐚

"No hay listados de beneficiarios finales. No se sabe hacia dónde se trasladaron las computadoras ni quiénes las recibieron", señaló Juan… pic.twitter.com/VMupWcTmaz

— ICN.Digital (@ICNDigital) June 10, 2026

Una ONG convertida en “multirrubros” para evadir licitaciones

Jóvenes Metas, creada en 2017 en La Ceiba para fortalecer habilidades laborales, arte y cultura en jóvenes, habría sido transformada en la práctica en una organización “multirrubros”, utilizada como fachada para proveer bienes y servicios tan diversos como:

• Comida navideña
• Organización de eventos
• Juguetes
• Estufas industriales
• Calzado tipo burrito
• Más de mil computadoras portátiles

ASJ señala que el 90% de los convenios operó fuera del marco legal, permitiendo compras masivas sin competencia ni transparencia.

🚨 ASJ DENUNCIA PRESUNTO MANEJO IRREGULAR DE MÁS DE L113 MILLONES A TRAVÉS DE UNA ONGD 🚨

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció una presunta red de irregularidades en el manejo de L113.4 millones transferidos por el Estado a la ONGD Jóvenes Metas, mediante… pic.twitter.com/YY4YJYpoq1

— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) June 10, 2026

Pagos del 100% en una sola transferencia

La investigación revela que en 9 de los 10 convenios se ordenó el desembolso del 100% de los fondos en una sola transferencia, violando las Disposiciones Generales del Presupuesto, que prohíben pagos únicos en proyectos de alto monto por el riesgo que representan para el control y la fiscalización.

Conflicto de interés: funcionario firmó como juez y parte

Uno de los hallazgos más graves involucra el convenio de L 27 millones, destinado a la compra de 1,026 laptops y 400 pares de calzado. ASJ documenta que el dictamen técnico que avaló este convenio fue elaborado por el entonces Secretario de Desarrollo Social, quien simultáneamente fungía como director ad honorem del Programa Becas Solidarias, beneficiando directamente a la estructura bajo su control.

Irregularidades en la entrega de bienes

La auditoría detalla múltiples inconsistencias:

Computadoras portátiles

• 594 laptops fueron entregadas en oficinas de SEDESOL sin registro de beneficiarios.
• 425 laptops distribuidas en centros escolares carecen de firmas de validación institucional.

Calzado tipo burrito

• Los 400 pares destinados a estudiantes universitarios fueron recibidos por una funcionaria de Becas Solidarias sin comprobantes de entrega real.

Convenio de L 12.2 millones para mujeres emprendedoras

• El 67% de las laptops se concentró en Olancho.
• Varias actas de recepción fueron firmadas por menores de edad.
• 59 de 60 estufas industriales también se asignaron en Olancho, incluso a beneficiarios hombres, pese a que el proyecto era exclusivo para mujeres.

Liquidaciones incompletas y fondos sin justificar

ASJ constató que L 4,090,340.00 quedaron sin ninguna liquidación, mientras que el resto presenta informes incompletos. Además, tres liquidaciones fueron presentadas a solo tres días del cambio de gobierno, y la última el día de la toma de posesión presidencial, lo que la organización considera un intento por obtener finiquitos de última hora.

ASJ exige acciones inmediatas

Ante lo que califica como una “normalización de mecanismos que facilitan la captura de recursos públicos”, ASJ solicita:

• Al Tribunal Superior de Cuentas (TSC): iniciar auditorías y deducir responsabilidades civiles.
• Al Ministerio Público (MP): abrir investigaciones penales contra los implicados.
• Al Poder Ejecutivo: prohibir el uso de convenios con ONGD como vía para evadir licitaciones públicas.

La organización advierte que Honduras no puede seguir financiando organizaciones de fachada mientras miles de familias continúan en situación de extrema vulnerabilidad.