TEGUCIGALPA — La exjueza y candidata a diputada por el Partido Liberal, Karla Romero, presentó este miércoles una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por presunta traición a la patria, usurpación de funciones legislativas y suplantación de la soberanía popular.

La acción penal se enmarca en la controversia generada por la renuncia de la consejera electoral Ana Paola Hall, cuya dimisión, según Romero, no fue sometida al pleno del Congreso como exige la Constitución.

Omisión que podría configurar delito constitucional

Romero argumentó que Redondo incurrió en una omisión deliberada al no convocar al pleno legislativo para conocer la renuncia de Hall, lo que, a su juicio, vulnera el artículo 2 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo y que cualquier acto contrario a ella constituye traición a la patria.

“La denuncia es por la no tramitación de una renuncia formal. La Constitución establece que los actos que contravengan la voluntad soberana del pueblo constituyen traición a la patria”, declaró Romero ante medios de comunicación.

La abogada, quien también representa legalmente al precandidato presidencial Salvador Nasralla y coordina la comisión jurídica del Partido Liberal, afirmó que esta denuncia forma parte de un proceso interno para agotar las vías nacionales antes de acudir a organismos internacionales.

Romero sostuvo que, como profesional del derecho, está obligada a accionar conforme al Código Procesal Penal, independientemente de si la Fiscalía decide o no dar curso a la denuncia.

Además de la denuncia penal, Romero informó que también presentó una queja ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), acusando a Redondo de presunta persecución política contra Nasralla.

La denuncia se suma a un clima de creciente tensión política en el país, donde las decisiones del titular del Legislativo han sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de sectores opositores.

El Ministerio Público deberá analizar la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. Mientras tanto, el caso pone en el centro del debate el respeto a los procedimientos constitucionales y el papel del Congreso en la tramitación de actos institucionales clave.