Un tribunal federal de Nueva York programó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos federales en Estados Unidos.

La fecha fue establecida este miércoles por el juez Alvin Hellerstein durante una audiencia preparatoria celebrada en Manhattan, luego de una solicitud conjunta presentada por la Fiscalía y los abogados de la defensa. Ambos permanecen recluidos en un centro de detención en Brooklyn desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y delitos vinculados al uso y posesión de armamento. Por su parte, Flores, de 69 años, responde ante la justicia estadounidense por tres acusaciones relacionadas con el mismo caso. Los dos se han declarado no culpables.

Fuera del edificio judicial se concentraron manifestantes con posiciones encontradas. Un grupo exigió la liberación del exmandatario con pancartas y banderas venezolanas, mientras que otros asistentes lo calificaron de “dictador” y respaldaron el proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos.

Desde la salida de Maduro del poder, Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del Ejecutivo venezolano de forma interina, mientras Washington mantiene el control sobre las exportaciones petroleras del país mediante un esquema de supervisión de los ingresos.

En abril de este año, las autoridades estadounidenses autorizaron que Maduro y Flores pudieran utilizar recursos para financiar su defensa legal, después de que sus abogados alegaran que las restricciones derivadas de las sanciones afectaban su derecho constitucional a elegir representación jurídica.

Además del proceso penal, el expresidente enfrenta una demanda civil presentada a principios de julio por familiares de cinco jóvenes fallecidos en Venezuela. La acción judicial lo acusa de presuntamente haber ordenado ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2017 y 2020 por integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo de seguridad disuelto en 2021 tras denuncias de violaciones a los derechos humanos formuladas por organismos internacionales.

Durante los casi trece años que permaneció en el poder, Maduro fue objeto de reiteradas denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y por la legitimidad de los procesos electorales de 2018 y 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por diversos gobiernos y organizaciones internacionales.