Tegucigalpa, Honduras.— El diputado del Partido Liberal, Yury Sabas, presentó una moción en el Congreso Nacional para impulsar una normativa que regule las tasas de interés cobradas por prestamistas particulares que operan fuera del sistema financiero formal.

La iniciativa surge ante las denuncias de hondureños que, debido a sus dificultades económicas y las limitaciones para obtener créditos bancarios, recurren a préstamos informales que pueden terminar generando elevados costos por intereses.

Sabas propone que el Servicio de Administración de Rentas (SAR), Banco Central de Honduras (BCH), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Comisión de Finanzas del Congreso participen en la elaboración de un marco regulatorio para establecer controles y límites en estas operaciones.

“La economía está bien golpeada, la población está sin recursos y la gente, por estar sin recursos, recurre a prestamistas locales fuera del sistema financiero”, argumentó.

Advierte sobre intereses de hasta 10 % mensual

El congresista señaló que existen prestamistas que estarían cobrando intereses mensuales de entre 5 % y 10 %, tasas que, según cuestionó, pueden convertirse en una pesada carga para personas con dificultades económicas.

“Tenemos que crear una normativa para que dejen de estafar a la gente, para que dejen de estar cobrando con 60 % anual o de 120 %”, manifestó Sabas.

El diputado aseguró que ha recibido denuncias de ciudadanos que inicialmente pactaron una tasa de interés y posteriormente enfrentaron incrementos en los cobros.

También mencionó casos en los que deudores aseguran estar en riesgo de perder viviendas, salarios u otros bienes debido a las condiciones impuestas para recuperar los préstamos.

“¿Quién me protege, quién me ayuda? Me están quitando la casa, me están quitando el cheque que me pagaron en mi trabajo”, relató Sabas al reproducir las quejas que, según dijo, ha recibido.

Pide involucrar al Ministerio Público

La propuesta también contempla analizar la participación del Ministerio Público para determinar qué herramientas legales pueden utilizarse cuando existan posibles prácticas abusivas o ilícitas.

Sabas rechazó que el riesgo asumido por un prestamista sea suficiente argumento para imponer intereses excesivos.

“Si sienten riesgo en su crédito, no presten, pero estar cobrando 120 % a alguien al año o 60 % es una grosería”, afirmó.

La moción abre así la discusión sobre la necesidad de establecer reglas específicas para los préstamos entre particulares, especialmente aquellos concedidos de manera habitual fuera de las instituciones financieras supervisadas, con el propósito de proteger a los usuarios frente a eventuales abusos y definir mecanismos claros de control.