El Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas que modifica las sanciones contra maras, pandillas y otras estructuras criminales, además de ampliar las facultades de investigación policial y establecer controles más estrictos en las cárceles hondureñas.

La Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, aprobada el 27 de octubre, introduce cambios que van desde penas de hasta prisión perpetua hasta nuevas disposiciones sobre allanamientos, detenciones y símbolos utilizados por organizaciones criminales.

Pero ¿qué significan estas reformas y cómo podrían aplicarse?

¿QUIÉNES PODRÍAN RECIBIR PRISIÓN PERPETUA?

La legislación establece penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas, mientras que los cabecillas, directivos, promotores y financistas podrían enfrentar condenas de 40 años hasta prisión perpetua.

También contempla esta última sanción para determinados asesinatos de funcionarios del sector justicia y de instituciones de seguridad, cuando los crímenes estén relacionados con sus funciones.

Quienes colaboren con estas estructuras mediante transporte, información o servicios tecnológicos, sin pertenecer a ellas, enfrentarán penas de 20 a 30 años.

¿LA POLICÍA PODRÁ ALLANAR SIN ORDEN JUDICIAL?

Sí, pero únicamente bajo las condiciones de urgencia previstas en la reforma.

Los agentes podrán ingresar y registrar inmuebles sin autorización judicial previa cuando existan indicios fundados de actividades vinculadas con estas estructuras y riesgo de pérdida o destrucción de evidencias.

Estas actuaciones deberán realizarse en coordinación con el Ministerio Público y estarán sujetas a las garantías legales aplicables.

¿QUÉ CAMBIA CON LAS DETENCIONES?

Para determinados delitos, como asociación terrorista, narcotráfico, secuestro y extorsión, la reforma amplía a 48 horas el plazo para poner a los detenidos a disposición del juzgado competente.

Además, establece prisión preventiva obligatoria para imputados por asociación terrorista, sin medidas sustitutivas, conforme al texto aprobado.

Estas disposiciones modifican aspectos del procedimiento penal, pero no eliminan la obligación de demostrar la responsabilidad de una persona ante los tribunales.

¿UN TATUAJE PODRÁ UTILIZARSE COMO PRUEBA?

Los tatuajes, signos y símbolos asociados con maras y pandillas podrán considerarse elementos de prueba cuando sean evaluados mediante peritajes especializados.

Esto no significa que cualquier persona tatuada sea automáticamente integrante de una estructura criminal. La valoración deberá realizarse dentro de una investigación y un proceso judicial.

La reforma también contempla sanciones por elaborar o difundir grafitis utilizados para amenazar o ejercer control territorial.

En propiedades privadas, se establece un plazo de 24 horas para retirar estos símbolos, mientras que en espacios públicos las autoridades podrán intervenir conforme a la ley.

¿QUÉ PASARÁ DENTRO DE LAS CÁRCELES?

Las modificaciones contemplan una Fuerza Especial Penitenciaria encargada de reforzar la seguridad en módulos de máxima seguridad, realizar traslados de alto riesgo y responder ante emergencias.

También se establecen controles biométricos, reglas de presentación personal y restricciones sobre nuevos tatuajes para internos sujetos al régimen especial.

El objetivo declarado es reducir la capacidad de las estructuras criminales para organizar actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

¿CUÁNDO COMENZARÁN A APLICARSE?

Aunque el Congreso aprobó las reformas, su entrada en vigor está vinculada con la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo deberá adecuar los reglamentos penitenciarios dentro del plazo establecido.

Las reformas representan un endurecimiento de la legislación contra las organizaciones criminales, pero su efectividad dependerá de las investigaciones, la capacidad de las instituciones para aplicarlas y el respeto al debido proceso.

El desafío no será únicamente imponer condenas más severas, sino lograr que las medidas contribuyan a reducir la extorsión, los homicidios y el control territorial ejercido por estructuras criminales, sin vulnerar las garantías constitucionales.